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El pasado 14 de febrero conocimos el anuncio de la liquidación de Sniace, una pésima noticia para Cantabria y la cuenca del Besaya. Desde entonces he leído diversas opiniones, pero ha habido una que me ha llamado especialmente la atención. Se trata de una tribuna ... en este mismo medio en la que se hacen algunas aseveraciones que no responden a la realidad. En dicha tribuna se traslada que en la legislatura 2011-15 el gobierno del PP tiró por la borda dos proyectos de energía eólica y bioetanol que hubieran transformado la empresa. Como en dicha legislatura fui consejero de Industria, conozco la realidad de los hechos, que paso a relatar. Sniace fue adjudicataria de un derecho de explotación de potencia eólica mediante un concurso aprobado por un gobierno de coalición PRC-PSOE, que fue anulado en octubre de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y por el Tribunal Supremo en junio de 2015. Por tanto, el gobierno que tiró por la borda las expectativas de Sniace en materia de energía eólica fue el gobierno que diseño y aprobó un concurso ilegal: el gobierno PRC-PSOE. Es lamentable comprobar cómo se es capaz de culpar al rival político del fracaso propio.
En cuanto al proyecto de bioetanol, la empresa renunció el 28 de septiembre de 2011, en escrito dirigido al Ministerio de Economía, a las subvenciones recibidas para llevar a cabo el mismo ante la imposibilidad de obtener en plazo los recursos necesarios, debido a la crisis económica. Economía resuelve el 17 de noviembre de 2011 aceptar la renuncia y archiva el expediente al haber expirado el plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones inherentes al proyecto. El presidente del Gobierno era el Sr. Rodríguez Zapatero. Pero además, si uno examina la hemeroteca, podrá comprobar que el 25 de octubre de 2012 el diario ABC se hacía eco de que Abengoa presentaba un ERE en su planta de bioetanol de Babilafuente (Salamanca) ante la escasa venta del producto. Y el 17 de enero de 2013 se podía leer en Expansión que Abengoa suspendía temporalmente la producción de bioetanol en sus dos plantas de EE UU. Sin comentarios. Es cierto que Sniace tenía numerosas dificultades: exigencia de nuevas inversiones, bajo precio de la celulosa y fibra o una pesada deuda concursal, entre otras. Pero lo cierto es que Sniace había logrado hasta ahora hacer frente a la deuda que la empresa se comprometió a pagar en su plan de viabilidad. También es cierto que sus accionistas han invertido muchos millones en las sucesivas ampliaciones de capital.
Y según la propia presidenta de Sniace, se estaba a punto de conseguir una inversión de 200 millones que dejaría a la sociedad saneada. Es en esas circunstancias cuando se publica la nueva Orden Ministerial que actualiza la remuneración a la cogeneración y que supone, según el sector, un recorte del 43%. Esa medida no sólo ha sido el detonante para que el nuevo inversor huyera al conocer los planes del gobierno, sino que ha transformado en días una planta de cogeneración que era rentable, en económicamente inviable. Esa medida ha sido la «puntilla». Y así lo han reconocido públicamente el consejero de Industria, la presidenta de Sniace y el segundo mayor accionista. Por lo tanto, en vez de minimizar su efecto, habría que actuar sobre el detonante del proceso de liquidación: la Orden Ministerial, modificándola para que la retribución a la cogeneración haga honor a su nombre y sea razonable. Que sea tan razonable como la que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy en 2014 atendiendo las peticiones del entonces presidente de Cantabria Ignacio Diego. Regulación que hacía de la planta de cogeneración de Sniace un activo rentable, permitiendo reiniciar la producción. Si en 2014, saliendo de una profunda recesión económica, se dotó a la industria de la cogeneración de un marco retributivo que hasta ahora se ha demostrado eficaz y estable, ahora también se puede hacer.
En efecto, el 20 de junio de 2014 se publicaba en el BOE la Orden Ministerial que daba derecho a la cogeneración de Sniace a percibir ayudas por toda su potencia instalada, aumentando su vida útil de 15 a 25 años. Se redujo, además, en un 80% el denominado 'céntimo verde' y en materia medioambiental hubo que modificar los parámetros de inmisión de sulfuro de carbono fijados en 1973, multiplicando por siete los entonces permitidos, y se redujo el canon de saneamiento en un 67%. Todas estas medidas permitieron a Sniace reiniciar la producción en 2016 una vez aceptado por los acreedores su plan de viabilidad.
Llama la atención la poca convicción del Gobierno regional en reivindicar la modificación de una Orden Ministerial que es lesiva para Sniace y para otras cogeneraciones de Cantabria, como desgraciadamente han confirmado los hechos. En lugar de apostar por aquello que está al alcance de las administraciones: la modificación de una normativa, se opta por la resignación, introduciendo en el relato la figura del salvífico inversor, en el marco de un proceso de liquidación al que se da carta de naturaleza en vez de intentar evitarlo. Qué mejores inversores que los actuales accionistas de Sniace, grandes y pequeños, que han demostrado su confianza en un proyecto que ahora se ve lastrado por una desgraciada regulación.
Si el BOE del 20 de junio de 2014 publicaba una Orden Ministerial con unos parámetros retributivos que permitieron a Sniace reiniciar la producción, un BOE de 2020 puede publicar otra que evite su liquidación.
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