Soluciones a los derribos

Desde la Unión Europea se envió comunicación al entonces presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero, pero el Gobierno central rápidamente se quitó el problema de encima diciendo que eran ilícitos de ámbito autonómico y era en ese marco donde se debían solucionar los problemas. El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en ese 2009 pidió al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que respetara el patrimonio de los afectados y les diera una solución lo antes posible. Lamentablemente, el Sr. Revilla, que pasa media vida en los medios dando todo tipo de explicaciones, que se conoce las fiestas de cada pueblo, pero que no tiene tiempo para solucionar lo que es su responsabilidad, por acción él era el consejero que tenía las competencias de urbanismo cuando se cometieron los ilícitos, y por omisión, al dejar pasar las legislaturas sin resolver el problema. Le han instado desde el Parlamento Europeo y, sobre todo, desde el propio Parlamento de Cantabria en innumerables resoluciones, que él mismo ha votado, pidiendo soluciones y perdón a las familias por el grave daño ocasionado, que haya leyes, declaraciones institucionales y proposición no de ley reclamando, instando a los culpables, Gobierno y Ayuntamientos, a terminar con esta situación tan dura e injusta en la legislatura pasada. El tiempo pasa y las soluciones permanecen encerradas en el mundo del olvido. Incluso el Senado ha legislado ante la necesidad de respetar los derechos de los terceros de buena fe en el ámbito del urbanismo. Estas normas están sirviendo a muchos ciudadanos de otras comunidades para hacer justicia, los últimos en Bueu Pontevedra. Aquí en Cantabria siguen mareando al personal con promesas y palabras que nunca se hacen realidad. No importa el tiempo transcurrido, el dolor no cesa, el problema sigue como una maldición, como una condena sin fin. La única verdad es que el problema sigue estando ahí. Eso sí, muchos de los afectados ya no están, ya se nos han ido para siempre. Los tribunales Supremo y Constitucional en sus resoluciones requieren ponderación en la aplicación de las sentencias de derribo. En la mayoría de los casos, en Cantabria estamos ante suelos urbanos consolidados, donde con toda seguridad se volverá a construir, y lo saben todos, los jueces, administraciones, e incluso los propios demandantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también utiliza con total naturalidad la técnica de la ponderación y el principio de proporcionalidad a la hora de resolver los recursos. El principio o criterio de proporcionalidad, congruencia y menor demolición, desarrollado por la jurisprudencia, pretende en su aplicación evitar la desarmonía que pudiera producirse entre la entidad o gravedad de la infracción cometida y las consecuencias dañosas que se derivan de la imposición de unas medidas de derribo desproporcionadas. Esto sería lo lógico, lo racional, no derribar para construir en el mismo lugar, pero si a jueces, administraciones y demandantes les da igual y quieren derrochar, esa es su responsabilidad y deberán dar explicaciones a toda la sociedad. A estas alturas, las víctimas sólo pedimos acabar ya con esta condena, con este secuestro del patrimonio, y solicitamos la aplicación de los convenios firmados entre Administración y afectados, que tienen tres soluciones, regularización donde la legislación lo permita, viviendas de sustitución o indemnización al valor de mercado de sus viviendas.

Esta situación tiene que sonrojar a las instituciones que llevan en algunos casos más de 30 años sin ser capaces de encontrar una solución. Recientemente se ha propuesto una fórmula a través de una posible mediación, algo que se ha realizado en otras comunidades con satisfacción para todas las partes, y que ha acabado con graves problemas de la misma tipología de los que tenemos en Cantabria. La mediación no perjudica a nadie y es una herramienta que en un breve periodo de tiempo puede acabar con problemas que llevan décadas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, en la ejecución urbanística de la sentencia que ordenaba la demolición del conocido edificio de A Coruña, Conde Fenosa, en su auto de 8/2/2019 dictaba en incidente de ejecución nº 6937/1997, una resolución de gran interés que utilizó la mediación intrajudicial, al homologar los acuerdos que aportaron los litigantes en fase de ejecución forzosa. Un proceso con una duración de más de veinte años se logra concluir a través de la mediación. Esta mediación no es la panacea que todo lo resuelve, pero sí una herramienta útil para Cantabria.

En España, en la última década se han regularizado más de 185.000 viviendas, de ellas se estima que el 10% tenían una sentencia firme de derribo, mientras en Cantabria seguimos sin dar una solución a menos de 500 viviendas después de 20 años. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué se castiga así a familias totalmente inocentes? Un decreto ley de la Junta de Andalucía abre el camino para legalizar 327.000 viviendas irregulares, destacando el trabajo de las asociaciones de afectados. Aquí no podemos olvidar que los verdaderos culpables llevan décadas realizando PGOU en pequeños municipios que sospechosamente nunca dan por terminados, donde la Crotu y el Gobierno en diferentes consejerías siempre encuentran errores, pegas... ¿Qué esconden? ¿Qué quiere decir el presidente de Cantabria con que «nadie quiere pasar por las Salesas»? ¿Debería la Fiscalía investigar qué hay detrás de situaciones tan irracionales e irregulares o en qué se gastan nuestros recursos? A los jueces hay que reconocerles su paciencia, a los demandantes pedirles más asertividad y al Gobierno y ayuntamientos exigirles responsabilidades por el daño que nos llevan ocasionando desde hace tantos años.