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En la página principal de la web del Parlamento de Cantabria aparece destacada, sobre un fondo rojo, la palabra 'Transparencia'. Ya escribió Conan Doyle que «la mejor manera de esconder algo es ponerlo a la vista de todos». En esa sección ... puedes encontrar las visitas de los escolares al hemiciclo o la fecha de compra del único coche oficial, pero no dos informaciones muy importantes: las declaraciones de bienes y actividades de los 35 diputados. Dos veces han rechazado dárnoslas en el último año. En la primera, por carta, la Mesa del Parlamento denegó facilitarnos la declaración de bienes argumentando que la ley no obliga a hacerlo público. Tanto el Congreso, como el Senado y todas las Cámaras de España lo hacen, excepto tres: Cantabria, País Vasco y Navarra. Un privilegio foral al que se ha autoinvitado nuestra región. La segunda fue una petición directamente a Presidencia hace solo unas semanas para revisar las declaraciones de actividad de sus señorías. También fue vetada. Este registro sí tiene carácter público, aunque en la práctica ningún cántabro puede consultarlo. Son documentos custodiados por el secretario general y cuyo acceso lo decide la Comisión del Patronato. Formado, claro, por los mismos diputados que no quieren que se vean.
Frente a las acusaciones de amarillismo que esgrimen algunos parlamentarios cuando un periodista reclama esta información, parecen no entender que estos datos son clave para ejercer nuestra responsabilidad de fiscalizar a los cargos públicos. Sobre todo, cuando el control interno en alguna institución, como el Parlamento, deja tanto que desear que hasta los propios funcionarios lo reconocen. Dos ejemplos. Los empleados públicos de la Cámara se limitan a recepcionar el documento de actividades empresariales en el registro, pero nadie verifica que se ajuste totalmente a la realidad. Un detalle vital para decidir si esos negocios al margen encajan y son compatibles con la nómina pública. Y otro caso real. El Parlamento aprobó hace años que los diputados que dejaran de serlo y no tuvieran empleo cobrasen un paro, a cargo del Presupuesto, durante dos años. El problema es que se les presupone buena fe. Nadie controla si los exdiputados que lo piden y lo cobran tienen o no un empleo fuera. Por eso es habitual, y está pasando esta legislatura, que algunos tengan doble sueldo. Ingresan el paro del Parlamento mientras cobran su nómina de la empresa en la que trabajan.
Pese a todo esto, hay parlamentarios que se llevan las manos a la cabeza cuando Vox denuncia que algunos de ellos no han declarado actividades empresariales incompatibles con su dedicación absoluta. Lo dijo de Ana Obregón, que figuraba como apoderada de una sociedad mercantil; de Emilia Aguirre, que ejerció como abogada varios meses pese a que cobraba el sueldo completo en el Parlamento; y de Pedro Hernando, que aparece como administrador de dos empresas. Pero claro, es la palabra de Vox contra la de ellos. Porque ni se puede comprobar la declaración de actividad. Ni tampoco la de bienes. Ni los señalados las han enseñado.
Pero el Parlamento no es el único caso de opacidad. El Gobierno autonómico tampoco está libre de culpa. Tres años después de la aprobación de la Ley de Transparencia, aun no se han publicado las declaraciones de bienes de los consejeros. Desde Presidencia aseguran que lo harán en los próximos días, cuando actualicen la información con los nuevos cargos que han llegado a la consejería de Industria de la mano de Javier Marcano. Habrá que ver si entonces cunde el ejemplo y empiezan a disiparse las sombras.
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