La Ley del Suelo, controversia a la vista

Las leyes del suelo que establecen las directrices de ordenación urbanística en sus zona de actuación arrastran en España una larga secuencia normativa al menos desde el siglo XIX. Y desde la Transición, los dos grandes partidos han impuesto las suyas en sus ciclos de gobierno, en el central y en los autonómicos: en general, el PP para liberalizar en lo posible las trabas administrativas en los desarrollos urbanísticos y el PSOE, para reforzar la protección ambiental de los terrenos rústicos.

El proyecto de ley del suelo remitido al Parlamento por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Terrirorio y Urbanismo, de la que es titular el regionalista José Luis Gochicoa está llamado a sustituir a la normativa de 2001, que ha quedado obsoleta por el paso del tiempo, por los sustanciales cambios habidos en la actividad urbanística, en materia ambiental o en los procedimientos administrativos.

Cuatro objetivos principales propone la futura ley del suelo de Cantabria: la agilización de los planes generales de ordenación urbana en los municipios, la rehabilitación urbana, la flexibilización de las construcciones en suelo rústico y la promoción de los planes de desarrollo estratégicos mediante la fórmula de los PSIR (Proyectos Singulares de Interés Regional). Y claro, son los dos últimos aspectos donde reside la 'madre del cordero', donde previsiblemente se centrará la controversia.

El PRC, promotor de la norma, cree razonablemente segura su aprobación, con toda probabilidad antes del verano, porque sus planteamientos flexibles para la construcción en suelo rústico y en los PSIR son muy similares a los del PP. De hecho, los más críticos con el proyecto de ley creen que se parece mucho a las leyes del suelo aprobadas en Madrid, Andalucía o Murcia por impulso de gobiernos populares.

Así pues, el PRC y el PP que suman 80 de los 102 alcaldes de Cantabria y 23 de los 35 diputados del Parlamento no han de tener mucho problema para sacar la norma adelante. Es posible, incluso, que Ciudadanos y Vox la apoyen igualmente. Por su parte, la Federación de Municipios de Cantabria también quiere aportar al debate legislativo un informe jurídico que recoja sus reivindicaciones en este ámbito tan trascendente para el progreso de las entidades locales.

Lo que todavía está flotando en una nebulosa es el posicionamiento del PSOE en esta materia que le resulta bastante incómoda porque hay sensibilidades distintas en su seno. Por ejemplo, entre los 19 alcaldes socialistas, varios de ellos de municipios importantes, sus visiones, en general, no diferirán mucho de las que manejan los regidores regionalistas y populares. Sin embargo, entre la militancia y entre otros cargos públicos y orgánicos no faltan los partidarios de criterios más restrictivos en el desarrollo urbanístico.

De momento, los trabajos preparatorios del PSOE para el debate de la ley del suelo corren a cargo del diputado Javier García-Oliva, cuyos firmes principios conservacionistas quedaron patentes cuando votó en contra del mandato de su grupo parlamentario porque defendía y defiende la protección integral del lobo dictado por la ministra Ribera. 'El suelo rústico no es para edificar', titulaba el diputado socialista un artículo sobre la ley del suelo en este periódico.

Así que habrá que ver en adelante si el PSOE de Cantabria se atiene a las directrices de la ejecutiva federal sobre la ley del suelo y vota en contra de la ley promovida por el Gobierno de coalición del que forma parte, si mantiene o releva como portavoz en la materia a García-Oliva, que ya ha sido excluido de la ejecutiva regional por sus actitudes 'díscolas', y si se vuelve a romper la disciplina de voto. O sea, todo un problemita.

Pero es que, además, el debate sobre la ley del suelo trasciende ya del ámbito parlamentario al conjunto de la sociedad de Cantabria. La izquierda radical que representa Unidas Podemos entiende que esta es una buena ocasión para mejorar su limitada presencia política en Cantabria, junto a grupos como Arca, Ecologistas en Acción, Cantabria Sostenible o Grupo Alceda que desarrollan un ciclo de foros por toda la geografía regional para analizar con visión crítica la futura ley del suelo.

Desde una perspectiva puramente de estrategia política, el proyecto de ley se ha demorado más de la cuenta. Normas tan controvertidas y que pueden general tanto ruido son para desarrollar al principio de la legislatura, no en el año preelectoral.