Ley del Suelo, difícil consenso o batalla municipal

Los prolegómenos de la Ley del Suelo han sido largos y agitados. Durante meses, los dos partidos mayoritarios, el PRC dominante en el Gobierno y el PP que encabeza la oposición, han mantenido posiciones coincidentes sobre la materia. En primer lugar, por cercanía ideológica, algo que se constata bien en sus alcaldes –entre los dos partidos unos 80 de los 102 municipios de Cantabria–, que prefieren una normativa flexible para la edificación en suelo rústico, con el objetivo de fijar población en el medio rural.

El problema era el PSOE, donde conviven no sin dificultades dos sensibilidades diferentes. Por un lado opera la pulsión conservacionista, porque para eso es el único partido que representa a la izquierda en el Parlamento. Pero, por otro lado, el partido no puede ignorar cómo respiran las gentes de la Cantabria rural y la mayoría de sus 19 alcaldes, que no quieren una legislación restrictiva en sus ayuntamientos.

Nada ilustra mejor la dicotomía socialista que la peripecia del diputado ecologista del PSOE Javier García Oliva. Primero rompió la unidad de voto del partido para apoyar la protección integral del lobo de la ministra Teresa Ribera y luego estaba dispuesto a presentar una enmienda a la totalidad de la Ley del Suelo que tramita el Gobierno de coalición del que forma parte su partido. Esas disidencias no suelen salir gratis: García Oliva es vigilado en la Cámara por sus compañeros y ha sido excluido de la ejecutiva regional del PSOE, de la que también ha dimitido, y por el mismo rechazo a la Ley del Suelo, Marisa Calzada, secretaria de Transición Ecológica.

La conservación medioambiental no es incompatible con el progreso económico, proclaman los grupos ecologistas y la izquierda más comprometida, pero estas 'sutilezas' no acaban de calar profundo en la región, ni entre los vecinos/electores ni entre los alcaldes que prefieren tener las manos cuanto más libres mejor para ordenar el desarrollo de los municipios.

En el Gobierno de coalición, en este asunto de la Ley del Suelo, como en tantos otros, PRC y PSOE tienen visiones bien distintas, pero no resultaba muy presentable que los socios llegasen divididos a la norma más importante de la legislatura. Así que no han tenido más remedio que embarcarse en un largo tira y afloja hasta llegar a lo que parecía un acuerdo. El Gobierno redacta una ley y los dos partidos que lo sustentan le presentan ¡69! enmiendas. Como mínimo, un alarde de confusión. Por ejemplo, en el asunto más espinoso: la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico. A la hora de la verdad, la vía libre a la edificación en esta calificación urbanística es sólo una moratoria de dos años en los municipios de más de 5.000 habitantes, que los dos partidos interpretan como les parece: el PRC aventura que el veto futuro se podrá trampear, el PSOE se pone más estricto y saca pecho conservacionista. A saber qué puede pasar con esta indefinición sonrojante.

La negociación de los dos partidos de gobierno ha trascendido en vísperas de la reunión entre el presidente del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla, y la líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, que ofrece los votos de su partido en el Parlamento para sacar adelante el modelo de Ley del Suelo más dúctil. Revilla y el PRC quieren el mayor consenso posible en esta norma, especialmente cuando se trata del PP, el principal partido de la oposición. Al PSOE de Pablo Zuloaga, naturalmente, le da un repelús cada vez que percibe cualquier posibilidad de acercamiento entre regionalistas y populares. De ahí su interés de cerrar un apaño con el PRC que aleje a Revilla y Buruaga.

El PP también se dice favorable a llegar a un consenso con el Gobierno Revilla, pero no gratis, tendría que ceder en algún punto de la negociación. Días atrás, la cúpula popular reunió a dos docenas de alcaldes para informarles del proyecto legislativo del Ejecutivo, de las enmiendas que llevará a la Cámara y de la estrategia a seguir en este asunto. La edificación en suelo rústico es el asunto nuclear, pero no es el único. También quiere acotar la aplicación del POL sólo a los municipios costeros, los proyectos singulares de ámbitos regional y municipal o el alivio de impuestos y tasas. El encuentro entre Revilla y Buruaga refleja una gran distancia de planteamientos sobre la Ley del Suelo. Hay margen para el entendimiento, pero no parece probable. Revilla comparte el criterio abierto del PP, pero antepone la salud del pacto con el PSOE. Lo que resultaría, entonces, es mucha munición para la batalla política hasta las elecciones de mayo de 2023 en torno al futuro de los municipios de Cantabria. La Ley del Suelo puede llevarse por delante a un buen puñado de alcaldes.