El suelo rústico no es para edificar

A partir de estos instrumentos, el POL y el PROT, se pueden establecer otras normas en consonancia con el modelo territorial definido en ellos, que regulen de manera concreta cuestiones como el urbanismo, las producciones forestales, los polígonos industriales, o la movilidad sostenible, entre otras. Por consiguiente, lo más adecuado es definir primero un modelo territorial en Cantabria que evitaría, entre otras cosas, que sea el desarrollo urbanístico el que condicione posteriormente la planificación territorial de toda la región.

El asunto clave de cualquier ley de urbanismo es el tratamiento que se da al suelo rústico. Por definición, el suelo rústico es aquel que no es apto para la construcción de viviendas, porque en él se desarrollan otras actividades como la ganadería, la agricultura, las plantaciones forestales, etc., que sustentan gran parte de la economía rural. La construcción de viviendas debe hacerse en el suelo Urbano. Cuando este se agota, por crecimiento de la población, es el suelo Urbanizable el que dotándose de los servicios necesarios, puede transformarse en Urbano. Este modelo 'clásico' ha conformado históricamente la estructura y distribución de los asentamientos de población en Cantabria, dando lugar al paisaje rural que aún hoy nos resulta familiar: un núcleo de población con viviendas agrupadas, ubicado en lugar generalmente resguardado, y las zonas fértiles, terrazgos, vegas fluviales, y montes, dedicadas a las actividades agrícolas y ganaderas.

Frente a este modelo que podríamos definir como histórico, se abrió paso en España al calor de la 'economía del ladrillo' y los vientos del nuevo liberalismo un modelo donde todo el suelo era apto para ser urbanizado, salvo el que estuviera expresamente protegido. Este planteamiento se reflejó en las leyes de 1997 y 1998 impulsadas por el PP, y cuyo pretexto fue abaratar el precio de la vivienda. Sin embargo, y hasta que la ley de 1998 fue derogada por el Tribunal Constitucional y sustituida por una nueva ley en 2008, los precios de las viviendas siguieron creciendo, y también la burbuja inmobiliaria.

Últimamente se han visto declaraciones que defienden la liberalización de la construcción en el suelo rústico, como receta para fijar población en el medio rural. Este planteamiento soslaya que en la mayoría de nuestros pueblos lo que sobran son casas desocupadas, muchas veces en lamentable estado de conservación precisamente por falta de habitantes. Son otras las causas que vacían nuestros pueblos, aunque un Plan de Rehabilitación de Viviendas autonómico, bien diseñado y dotado de recursos, sin duda sería muy positivo para luchar contra la despoblación.

El modelo de urbanización dispersa en suelo rústico plantea innumerables problemas que no suelen considerarse por sus abanderados, como la necesidad de crear nuevos accesos rodados, la dificultad de proporcionar abastecimiento de agua y electricidad, la ineficiente depuración de las aguas residuales, la problemática recogida y tratamiento de los residuos… que acaban generando unos altos costes económicos para los ayuntamientos dada la dispersión de las viviendas, y produciendo importantes impactos ecológicos, además de modificar profundamente el paisaje y el carácter tradicional de los asentamientos. La liberalización de la construcción en suelo rústico produciría indefectiblemente un encarecimiento de este, al alentar todo tipo de expectativas urbanizadoras en cualquier terreno, como ocurría en la costa antes de la aprobación del POL, lo cual no parece una estrategia muy adecuada si se quiere defender y potenciar la ganadería y el sector primario de Cantabria. Con todo, quizás la consecuencia más preocupante de cara al futuro sea el progresivo agotamiento del suelo rústico, un recurso no renovable, que será la herencia que reciban las próximas generaciones para dotarse de un sector primario competitivo, y mantener sus raíces e identidad.

En el PSOE defendemos un urbanismo sostenible, que limite los nuevos crecimientos solo a aquellos casos en que estén realmente justificados y siempre que no existan otros recursos disponibles o susceptibles de ser empleados a través de la intervención en los núcleos consolidados mediante procesos de rehabilitación y recuperación urbanas. Promulgamos un desarrollo local que ponga en valor los recursos endógenos del territorio, y no actuaciones que acaban transformándolo en otra cosa.

La ordenación del territorio constituye una pieza clave para dar una adecuada respuesta a los desafíos ambientales y humanos del siglo XXI, los desafíos de la adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad, la garantía de disponibilidad y calidad de recursos hídricos, la protección de los suelos, el desarrollo rural. El territorio ha de ser el punto de encuentro entre ecología y economía, al servicio de la sociedad y de los ciudadanos que lo habitan.