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Cuando en 2003 vencieron las concesiones de la autopista entre Bilbao y la frontera francesa, las autoridades vascas tomaron la decisión más razonable: crear dos empresas públicas (una vizcaína, Interbiak, y otra guipuzcoana, Bidegi) para gestionar la infraestructura, y mantener los peajes, con algunos guiños ... al usuario local. Hacer otra cosa hubiera sido lamentable demagogia: colapso de la velocidad media en una autopista ya de muy añejo trazado; aumento de tráfico pesado, con su corolario de accidentes y aumento de necesidades de mantenimiento; y la carga bruta de dicho mantenimiento, en parte provocado por usuarios extranjeros, habría recaído en el bolsillo de los contribuyentes vascos.
Con la solución adoptada, los que utilizan la autopista contribuyen especialmente a costear su buen estado. Al no ser gratis, tampoco suele saturarse, sobre todo de tráfico pesado. Por tanto, se mantiene una calidad aceptable para una vía rápida. Y los usuarios foráneos ayudan a pagar lo que desgastan. Naturalmente, hay plataformas ciudadanas que reclaman el fin del peaje y acusan a ambas diputaciones de comportarse como empresas privadas y forrarse a costa del conductor. Para mitigar el problema, las diputaciones ofrecen, para determinados casos, subvenciones.
Pero los que se quejan no tienen más razón que quienes resisten. Y la prueba no anda muy lejos. La demagogia del Gobierno de los Viernes condujo el año pasado a que Fomento obrase de muy diferente modo en el tramo entre Burgos y Armiñón, autopista cuya concesión caducaba. El Ministerio asumió la infraestructura y se declaró el gran júbilo en ambas provincias, reforzado por la trágica siniestralidad que venía sufriendo la Nacional N-I, alternativa única al pago del peaje. Pero ahora la AP-1 es un desastre, tanto para el tráfico como para los presupuestos.
Miles de camiones que antes no entraban en la AP-1 ahora sí lo hacen. Rebajan la velocidad hasta límites no mucho mejores que los de una carretera nacional convencional. Y a la saturación se une el incremento de siniestralidad (quizá no de la gravedad, está por ver). Un accidente en cadena con un camión implicado bloqueó este invierno una calzada de la autopista durante 4 horas. Cuando comience la gran migración anual de magrebíes europeos hacia sus tierras de origen, la AP-1, cuyas áreas de servicio están ya a reventar de remolques, será segura noticia de primera página, o mucho me estoy distrayendo en esta apreciación. En agosto la circulación sube a unos 40.000 vehículos diarios.
Por el lado del gasto, ahora somos todos los españoles los que asumimos el mantenimiento de Burgos-Armiñón, que no es barato debido a que está a una altitud media de 1.000 metros y el invierno hace estragos. Y, muy típico, para gestionar la saturación políticamente provocada se construirán nuevos accesos y terceros carriles. Me consta, por especialistas que participaron en la construcción, que hay zonas muy problemáticas por la presencia de yeso, y todo el mundo sabe que ello es sinónimo de incertidumbre en cuanto a estabilidad constructiva, es decir, encarecimiento de soluciones. La patronal Seopan considera que no se podrá mantener la AP-1 con menos de 6 millones de euros anuales. Y que se necesitan más de 300 millones de euros para modernizarla.
Esta evitable operación de quedarse con una comunicación mucho peor, más peligrosa y más cara es lo que vizcaínos y guipuzcoanos han esquivado. Pero quienes jugaron desde Fomento a la demagogia han sido gratos al pueblo: el éxito electoral socialista en Burgos ha resultado enorme. La gente tuvo lo que quería: dejar de pagar; los candidatos, también: empezar a cobrar. Pero ahora es solo la gente la que va a sufrir una AP-1 terrible, y una subida de impuestos para costear esta y otras alegrías similares por toda España. Quienes dan palmas justificadas son los miles de usuarios extranjeros, a los que sí que hemos 'liberado' de colaborar con el mantenimiento de las vías por las que circulan. Regalo del señor Ábalos a los nobles pueblos de Europa Occidental más desarrollados que nosotros.
Pronto una parte de la AP-68 Bilbao-Zaragoza será transferida también al País Vasco, y se cobrará peaje por la empresa privada hasta 2026. Si nada cambia, veremos entonces el mismo sistema foral: una empresa de la Diputación alavesa gestionando los peajes, pero sin suprimirlos. Los políticos vascos están (¿solo de momento?) dispuestos a asumir las críticas a cambio de garantizar unas infraestructuras útiles y sostenibles.
La demagogia ministerial, en cambio, supone un riesgo para Cantabria. Nuestra salida a Francia pasa por los peajes en Bilbao-Behobia. Nuestro tránsito al Mediterráneo, por los peajes de la AP-68 desde la circunvalación de Bilbao; o por la conexión tercermundista Aguilar-Burgos, ronda de Burgos, y AP-1 colapsada hasta Miranda; o bien por la A-12 Burgos-Logroño, que está a medio hacer todavía. Es decir, no hay paso 'libre' eficaz hacia Aragón. Pero, evidentemente, si hay que gastarse a corto plazo una fortuna en chapuzas como la 'liberada' AP-1, ¿habrá dinero luego para las actuaciones realmente serias y de futuro?
Ante el coste creciente del mantenimiento y de la prevención del colapso de grandes infraestructuras, no hay más solución que cierto grado de 'pago por uso', sobre todo cuando turismo y transporte de larga distancia son grandes usuarios y, por ello, generadores de deterioro. No habrán dejado los expertos de Fomento de advertir al ministro del importante problema que suponía 'liberar' la AP-1. Con una prórroga de la concesión, condicionada a obras de nuevos accesos y terceros carriles, se hubiese tenido una vía mucho mejor, más rápidamente ejecutada, y financiada por quienes realmente se benefician de ella, lo que no hubiera impedido a Fomento subvencionar, si quería, a burgaleses y alaveses para aliviar costes locales.
El tacógrafo de los demagogos es infalible: frenazo en velocidades, aceleración en gastos, retraso en soluciones. El peaje desde la Supersur hacia Altube y La Rioja será por mucho tiempo para Cantabria su proyección obligada hacia el valle ibérico, sin otras alternativas prácticas. De poco nos ha valido el mito de Fontibre. Para nosotros, ahora el Ebro nace viariamente en el valle de Trápaga, no en el de Campoo. Problemática perspectiva para la gran Cantabria interior. Solo hay en el horizonte la Cantabria pejina.
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Ana del Castillo
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