El Test del Pájaro

Todo ello puede representar una cifra bastante respetable, con inversiones de más de 600 millones anuales durante un quinquenio, de la que convendría que el Gobierno de Cantabria nos diera una idea cabal, pues todo esto es de algún modo nuestro Plan Marshall regional. La carencia de una visión de conjunto ya no se justifica. La situación es extraordinaria y, si hay que abrir el Parlamento unos días de agosto para pactar un documento económico que guíe la puesta en marcha de estos recursos, desde luego no parecería capricho ni postureo.

Dicho esto, la impresión que se está dando hasta la fecha no es la mejor. En primer lugar, parte de la clase política parece dar por fallecido presupuestariamente 2020 y no muestra intención de impulsar nada serio hasta 2021. Políticos y funcionarios se lo pueden permitir; la economía real, los empresarios y los trabajadores posiblemente no puedan sin grave deterioro de su situación. En segundo lugar, los meses duros de la pandemia han representado un esfuerzo estresante para determinados segmentos de empleados públicos (sanitarios, docentes, tramitadores de expedientes económicos urgentes), pero una baja productividad para otros, por el cierre súbito de dependencias y las dificultades operativas del teletrabajo administrativo.

Esta podría parecer una simple sensación veraniega si no tuviéramos a la vista los datos oficiales de ejecución del presupuesto cántabro a 30 de junio. Ahí se comprueba, por un lado, el embate de gasto derivado, principalmente, de la primavera pandémica. Respecto del primer semestre del año pasado, Cantabria ha gastado 26,5 millones más en sueldos públicos y casi 99 millones más en compras y suministros corrientes. (Aunque no todo el aumento de gastos de personal se debe a contratación suplementaria de sanitarios). Por otro lado, han caído las subvenciones en unos 14 millones, las inversiones en casi 5 millones y las ayudas a la inversión en 11 millones. Este menor gasto público para hogares y empresas en unos momentos de cataclismo económico no tiene sentido alguno. Simplemente refleja que muchos expedientes no se han tramitado, o lo están haciendo mucho más despacio. Pero, como el año tiene la manía de sumar solo doce meses y la administración ha entrado en sus horarios y calendarios vacacionales de costumbre, lo que tenemos a la vista es el riesgo patente de una baja ejecución del presupuesto, en un año que necesitaría todo lo contrario: que se inyectaran en la sociedad y en la actividad todos los fondos posibles.

Que a medio año 2019 sólo se hubieran realizado 37 millones en inversiones reales era algo ya entonces preocupante (lo previsto para todo el año eran casi 100 millones); pero que sean solo 32 en este periodo de catástrofe actual es un pésimo indicador sobre la mentalidad existente. Incluso con los múltiples gastos extraordinarios provocados por el coronavirus en el segundo trimestre de 2020, la ejecución total de la administración autonómica a 30 de junio es solo un 0,4% mayor que en la misma fecha del año anterior. Y si hacemos abstracción de la amortización de la deuda, que esta vez ha sido menor, el aumento de ejecución es de sólo un 6%, sobre un semestre comparable que era electoral y por tanto de limitada actividad administrativa. Quiere decirse que la actividad no-covid de la autonomía ha sido reducidísima. Mucho tendrá que mejorar.

Así pues, dos necesidades apremiantes. En primer lugar, trazar el objetivo plurianual de fondos de recuperación y poner nombres y apellidos en programas y proyectos. En segundo, organizar la administración de modo que tanto los recursos ordinarios como los extraordinarios se ejecuten con más agilidad.

Para invertir los cerca de 3.000 millones se necesitan no solamente los millones, sino también las ideas y los proyectos: en qué y para qué se van a aplicar dichos fondos. Aquí de nuevo conviene evitar tres errores ya habituales en nuestra región. El primero: cambiar gastos en acciones por gastos en planos e informes para las acciones. Somos expertos en redacción y no en acción. El segundo: canjear gastos ya proyectables por ocurrencias del siglo y demás fábulas de la literatura política cántabra. Y el tercero: no transformar las promesas del Gobierno central en convenios con eficacia jurídica y presupuestaria (no entre partidos que luego se llaman a andanas).

Dicho en positivo: gastar en acciones con repercusión; sacar del cajón las iniciativas ya estudiadas y financiables; y tejer una red de convenios entre administraciones. Una filosofía muy clásica: pájaro en mano. Las preguntas claves de cada acción son estas: a quiénes/cuántos aprovecha; cuánto tardaría en implementarse; qué garantía posee de ejecución eficaz. Es el Test del Pájaro. Lo que no lo supere ya no serían cuentas, sino cuentos.