Transparencia, solo lo justo, o menos

Solo los grupos minoritarios de la oposición al Gobierno regional, Ciudadanos y Vox -cinco diputados de los 35 que se sientan en el Parlamento-, que nunca han tenido responsabilidades ejecutivas, defienden la investigación de los complementos de sueldo selectivos en la plantilla de MARE, frente al rechazo de los grupos gubernamentales PRC y PSOE, y en realidad también del PP, que se pone de perfil con la abstención, lo que se entiende a la primera por el simple hecho de haber dirigido también la empresa de residuos parte del periodo que se pretende investigar. MARE es la pionera de entre las grandes empresas públicas de Cantabria, la primera también en servir de refugio para militantes y recomendados del partido de turno en el poder.

Las empresas públicas han proliferado en los últimos años en España bajo el bienintencionado argumento de que constituyen instrumentos eficaces para agilizar la gestión. Puede que sea cierto en muchos casos, también lo es que suponen un gasto añadido para el erario público y que ponen en entredicho el funcionamiento eficiente del régimen general de las instituciones gubernamentales, sujetas a lentos y engorrosos trámites como los que, por ejemplo, lleva aparejados la Ley de Contratos de la Administración.

Pero es que, además, las empresas públicas se han demostrado muy proclives al clientelismo político, como agencias de colocación de los partidos gubernamentales, a la opacidad y a las corruptelas. En toda España, y con ejemplos muy sangrantes, como Andalucía, donde la red pública ha sido el 'patio de Monipodio' de la corrupción durante el largo mandato del PSOE en aquella comunidad.

En Cantabria no se han constatado casos tan vergonzantes, pero las prácticas clientelares han sido constantes. Es de dominio público el despliegue regionalista en la plantilla del Parque de Cabárceno y de las demás dependencias de Cantur o la impronta del PSOE en Sodercán o en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y en el Palacio de Festivales. También el PP, naturalmente, colocó a su gente durante sus mandatos, pero hay que anotar en su descargo que el Gobierno de Ignacio Diego (2011-2015) redujo las empresas públicas de 45 a 22, con un ahorro en el gasto cifrado en 290 millones de euros, y nadie echó en falta los entes suprimidos, salvo quizá los que vieron afectadas sus nóminas.

La ofensiva de Ciudadanos y Vox persigue una investigación minuciosa de los pagos indebidos en MARE e incluso mantenidos después de que fueran detectados, pero PRC y PSOE rechazan el ruido mediático de los grupos minoritarios de la oposición y sostienen que el resultado de las pesquisas ya obra en poder del Tribunal de Cuentas y del propio Parlamento, mientras el PP opta por una solución de baja intensidad cuando pide la comparecencia del director general de la empresa pública. Algunos trabajadores están dispuestos a devolver el dinero que han cobrado de más, pero otros están dispuestos a ir a los tribunales para no hacerlo.

En el Ayuntamiento de Santander, la comisión de investigación que alientan todos los grupos menos el PP de Gema Igual sobre el contrato de limpieza y recogida de basuras con el grupo Ascán está en el aire, y más ahora que el contrato ha sido resuelto y readjudicado el servicio a la empresa Cespa, con lo que el asunto ya está en camino de los tribunales.

El PP también se ha resistido a la investigación con alusiones al 'circo' que buscaban sus promotores, pero la excusa vuelve a ser insuficiente. La transparencia tan proclamada exige a los gobiernos autonómicos o municipales no solo prestarse a una indagación exhaustiva de las irregularidades detectadas sino también aceptar el debate sin trabas con la oposición, que para eso está, para controlar al poder. Lo contrario, las reticencias, el frenazo a las investigaciones no hace más que alimentar las sospechas de una gestión ineficiente o corrupta.