Último tren para Cantabria

Los proyectos destinados a dichos fondos deberían cubrir dos necesidades fundamentales. La primera, que una economía maltrecha y un mercado de trabajo en precario necesitan ya inyecciones en forma de inversiones productivas. Es decir, una parte de los proyectos tienen que ser realizables a corto plazo y dar oportunidad ya mismo a la gente. La segunda necesidad consiste en apostar por la evolución de nuestro modelo productivo, con innovación en la industria (que en Cantabria es un 20% directo de nuestro PIB, pero indirectamente mueve mucho más en transportes y otros servicios), en el mundo rural y en los servicios. Estos proyectos, en su mayoría, serán de medio plazo, es decir, tendrán entre dos y cuatro años como horizonte de ejecución.

Es absolutamente necesario que Cantabria acelere la programación de sus propuestas, y que la región vaya de la mano con sus empresarios. No se trata solamente de subvenciones a inversiones públicas, por ejemplo, en infraestructuras, sino también en incentivar la participación de capital privado, que hace las iniciativas más medibles y eficientes, y que multiplica el poder inversor y la creación de los empleos correspondientes. Así, pues, se necesita un mix de medidas para acciones inmediatas y acciones de medio plazo, y todo ello en una colaboración público-privada.

Un problema de enorme gravedad es que, aún suponiendo que desde la región se acierte al plantear proyectos, después vayan a superar el filtro del equipo de Pedro Sánchez en La Moncloa. El PSOE y Podemos han rechazado la propuesta de nuestro presidente Pablo Casado para que fuera un equipo de expertos el que objetivamente seleccionara los proyectos que mejor pueden servir a España. Y lo han rechazado porque quieren controlar partidistamente el destino de ese dinero, de una forma absolutista y favoritista, en la que Cantabria tiene mucho que perder, porque el socialismo cántabro no tiene peso en Moncloa y el regionalismo aún menos después de rechazar la investidura de Sánchez.

Además, el actual Gobierno tiene unas grandes hipotecas políticas, que hemos visto recientemente con la prohibición de que el Rey esté en Barcelona, o en el camino hacia los indultos a los separatistas recalcitrantes que no se han arrepentido y anuncian que lo volverán a hacer, o el trato benévolo hacia entornos terroristas... Signos todos ellos de que las votaciones de tipo económico y presupuestario que se van articulando no auguran nada bueno para nuestra tierra. Cantabria no pertenece al «bloque de investidura» y la concentración de los 140.000 millones en un despacho en Moncloa debe ponernos en guardia ante lo que pueda suceder. Cantabria debe seguir siendo una región industrial. Ello no impide que lo sea de modo sostenible, sino que exige que haya una transición razonable, que preserve la industria pesada (como la electrointensiva, permitiéndola que compita con Francia y Alemania) y que lance nuestras industrias de automoción, agroalimentación, energía y metalurgia hacia el futuro de la nueva economía. Asimismo, tenemos mucho que ganar con la digitalización de nuestras empresas y de la «Cantabria vaciada», así como la formación de las personas para poder aprovechar el recurso tecnológico creativamente. Necesitamos, por otra parte, no volver a ser una «isla relativa» con accesos viarios complicados a Madrid, Burgos o el valle medio del Ebro, con un puerto logísticamente limitado o con ferrocarriles del siglo XIX. Tenemos que estar enchufados a los grandes movimientos de mercancías y pasajeros.

A corto plazo, entre las obras públicas y los programas de vivienda de alquiler social y rehabilitación para eficiencia energética de los edificios, se podría proporcionar un impulso al sector de la construcción, que es motor de otros (industria de materiales, servicios a la edificación, consultorías, etcétera) y puede dar empleo a muchas personas mientras emergen otras opciones en la nueva economía. Todo lo que se haga también por mejorar la movilidad sostenible entra en los conceptos de los fondos europeos y le vendrá muy bien a Cantabria.

La centralización absolutista de los fondos por parte de Moncloa nos obliga a los parlamentarios cántabros en Madrid a efectuar un estrecho seguimiento de la situación. El Senado, como cámara constitucionalmente especializada en la representación de los territorios como tales, tiene un papel importante que desempeñar. Estamos dispuestos desde el Grupo Popular en el Senado a apoyar que venga a Cantabria hasta el último euro que merece para su desarrollo económico, pero no podemos ocultar nuestra preocupación ante el modo en que se están enfocando los contenidos y las formas del Gobierno de la nación a la hora de canalizar estas cantidades realmente históricas de subvenciones y préstamos europeos. Es el último tren: Cantabria no se puede quedar con la boca abierta en el andén.