Políticas progresistas necesarias

Las desigualdades no solo son una cuestión de injusticia social, sino que también tienen profundas implicaciones para la estabilidad y el desarrollo económico. Cuando la riqueza y los recursos se concentran en manos de unos pocos, se limita el acceso a oportunidades para una gran parte de la población. Esto crea una sociedad dividida, donde las barreras socioeconómicas impiden el progreso y perpetúan la pobreza.

Las desigualdades afectan negativamente el acceso a servicios de salud, educación y a una justicia no elitista. Las personas con menos recursos suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a atención médica de calidad y oportunidades educativas, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza. La concentración de riqueza puede conducir a inestabilidad social y económica. La falta de oportunidades y la percepción de injusticia pueden generar descontento social y conflictos.

Las políticas progresistas se centran en promover la justicia social y la igualdad de oportunidades. Estas políticas abarcan una amplia gama de medidas diseñadas para redistribuir la riqueza y brindar apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Es conveniente implementar un sistema fiscal progresivo donde los que tienen más, paguen más impuestos. La progresividad fiscal implica que los impuestos aumentan de manera más que proporcional a medida que incrementa el ingreso del contribuyente. Este principio se fundamenta en el nivel de renta y el patrimonio de cada individuo, donde se considera justo que aquellos que tienen más, contribuyan más. Este sistema no solo busca generar ingresos para el Estado, sino también es un modo de redistribuir la riqueza, reduciendo las desigualdades económicas y sociales.

Una política tributaria basada en la progresividad es fundamental para la protección de los más vulnerables y la promoción de una sociedad más justa y equitativa. Aunque enfrenta críticas desde las teorías neoliberales, sus beneficios en términos de redistribución de la riqueza, estabilidad económica y justicia social son innegables. La clave está en encontrar un equilibrio que permita tanto el crecimiento económico como la protección y el bienestar de todos los ciudadanos.

Es necesario invertir en educación pública de calidad y accesible para todos, esto incluye desde la educación primaria hasta la formación profesional y la educación superior, asegurando que todos tengan las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

Garantizar el acceso universal a servicios de salud pública y de calidad. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también permite a las personas ser más productivas y contribuir al desarrollo económico.

Es necesario desarrollar programas de protección social, como subsidios y ayudas a las familias con bajos ingresos, para asegurar que todos tengan un nivel de vida digno.

Fomentar políticas que promuevan el empleo digno y el salario justo, así como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que son fundamentales para el crecimiento económico inclusivo.

Este enfoque progresista se contrapone fuertemente a las teorías neoliberales que abogan por una menor intervención o incluso desaparición del estado en materia de salud y educación y una menor carga tributaria para todos, independientemente de su capacidad económica.

Si bien es cierto que la inversión privada es crucial para el crecimiento económico, no debe ser a costa del bienestar de los sectores más vulnerables. Un enfoque integrador podría combinar la eficiencia económica con la justicia social, asegurando que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera más equitativa.

Disminuir las desigualdades sociales y económicas es una tarea imperativa para lograr una sociedad más equitativa y sostenible. Las políticas progresistas ofrecen un camino viable para abordar estas desigualdades al promover una distribución más justa de la riqueza y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a las oportunidades necesarias para prosperar. Al adoptar estas políticas, podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos.

Esta tribuna la firman: Carlos Rangel Moya, Antonio Bezanilla Cobo, Begoña Echezarreta Puente, Eugenia Pérez Fernández, Ezequiel Martínez Rosales, Fernando García del Río, Francisco Parra Rodríguez, Javier Gómez-Acebo Laso, Jesús López-Medel Bascones, Jesús Ortiz del Molino, José Luis Marcos Flores, María Luisa Calzada Hinojal, Oscar Sañudo López, Paz de la Acuesta Aguado, Pilar Huerta Sánchez, Plácido Arce Villegas y Ramón Pacheco García.