Unión Europea y América Latina

La Unión Europea debiera ampliar ese debate que hoy, con excesiva frecuencia, suele centrarse en qué hacer con Cuba y la Venezuela de Maduro y profundizar en el potencial de la cooperación birregional. Nuestra diplomacia debiera recuperar el liderazgo de esas relaciones.

La Unión Europea es hoy el principal inversor en aquellos países, con una inversión directa acumulada superior a la suma de las inversiones de Rusia, Japón y China; es el principal socio de cooperación al desarrollo y el primer donante de ayuda humanitaria. En términos comerciales la Unión Europea es el tercer socio, por detrás de China y Estados Unidos. No obstante, la arbitrariedad de algunas decisiones políticas, los cambios en la legislación, las nacionalizaciones directas o encubiertas, los casos de corrupción y la prudencia de algunas grandes empresas, están condicionando la inversión y la presencia internacional en algunos países. Quizá el caso de México con López Obrador es el más significativo.

La pandemia ha castigado severamente a la región de América Latina y el Caribe y la crisis sanitaria ha agudizado las tensiones políticas, la recesión económica y ha provocado que aumenten los índices de pobreza y desigualdad. La Unión Europea, a través de la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones, se ha movilizado para ayudar a la región a superar los peores efectos de la pandemia, como una manifestación de solidaridad con socios preferentes, aunque sea una ayuda insuficiente.

La pandemia ha agudizado los problemas estructurales de la región y ha añadido dificultades a sus relaciones con las instituciones financieras internacionales. Pero también hemos visto cómo en algunos países se están estructurando nuevos movimientos políticos, con ausencia de liderazgos estables, con diferentes soportes ideológicos, pero comparten el objetivo de impulsar cambios en determinadas estructuras políticas que generan que se anquilosen las problemas.

Daría la impresión de que hay unas nuevas generaciones dispuestas a enfrentarse, según los países (Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, incluso en Cuba...) a limitaciones políticas, a la violencia, a la falta de libertades, a las debilidades de sus sistemas democráticos. Son movimientos cívicos alternativos surgidos desde la desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales y hacia instituciones poco permeables a los problemas de la población.

La Unión Europea y los países de América Latina están obligados a intensificar su colaboración e impulsar una agenda que permita superar los peores efectos de la pandemia y corregir la agudización de la pobreza y las desigualdades. América Latina necesita, con urgencia, una recuperación fundamentalmente social, porque su talón de Aquiles se llama justicia social.

La UE deberá ratificar este año la actualización de los acuerdos de asociación con México y Chile y debiera concluir la revisión del acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que incluye temas comerciales, pero también la cooperación política, la defensa del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos y laborales.

La ratificación por los parlamentos nacionales y por el Parlamento Europeo del acuerdo con Mercosur, después de dos décadas de negociación plantea problemas porque se duda del compromiso de algún país (Brasil especialmente) con la defensa del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos. Esa es la posición que mantienen Francia y Austria, aunque en ocasiones detrás de las políticas medioambientales se disfrazan políticas proteccionistas. El fracaso de este acuerdo con Mercosur sería un golpe para las partes negociadoras, y más en un momento en que es importante la presencia de las inversiones de China, el principal consumidor de carne y soja de Brasil, que no plantea exigencias de reciprocidad en el ámbito de los derechos humanos, laborales y medioambientales.

América Latina necesita abandonar populismos que ya han fracasado, consolidar el Estado de derecho y sistemas democráticos que promuevan crecimiento económico y empleo, políticas inclusivas, cohesión y políticas sociales. Los partidos políticos, muchos de ellos con experiencia y tradición, debieran renovarse y escuchar a esos nuevos movimientos cívicos ante los próximos procesos electorales. En Chile esos movimientos, con el apoyo de fuerzas políticas progresistas, han sido capaces de poner en cuestión un sistema democrático tutelado por el pasado y han promovido un referéndum que ha puesto en marcha un proceso de elaboración de una nueva Constitución.