La urbanización de suelos rústicos

Es decir, «si éramos pocos...» ahora somos todos los inventores de la pólvora: el fomento de la especulación del suelo -dense una vuelta estos reformadores del POL, por ejemplo, por el tramo de costa entre Trasierra y Fonfría en Ruiloba para recrearse en sus enredos o recorran con más detenimiento la franja litoral entre Laredo y Castro, Bahía de Santander, Cabo de Ajo, Noja, y Somo-Loredo, los estuarios del Deva, Nansa, Besaya, Pas o Asón, o dentro de los perímetros «protegidos» de los Parques de Oyambre, Liencres o las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel-; la acentuación de la dispersión del poblamiento y el encarecimiento de infraestructuras, equipamientos y servicios para usuarios y ayuntamientos; la desaparición de los atractivos turísticos, valores ambientales o el Patrimonio con la degradación de las estructuras de mosaico y los paisajes de cercas, con tipologías, diseños o mobiliarios urbanos ajenos a la identidad de las áreas rurales; los efectos pantalla y el secuestro de las perspectivas abiertas por plantaciones masivas e indiscriminadas de eucaliptos y pinos -con la devaluación de su precio como regalo asociado-; la pérdida de suelos de alto valor agroganadero, hortofrutícolas o forestal noble para diversificar las economías rurales; el olvido de las Administraciones públicas en la rehabilitación del patrimonio edificado, viviendas en ruinas o abandonadas, o la colmatación de solares en el interior de los núcleos de población o en sus corolas inmediatas; las carencias de transportes públicos y colectivos o de una red de carriles-bici y arcenes peatonales para garantizar la frecuencia, la seguridad y la sostenibilidad de los desplazamientos; el desprecio a las leyes y normas comunitarias, estatales, autonómicas y locales que siguen sin identificar a los responsables privados e institucionales -incluidas la Confederación Hidrográfica y la Demarcación de Costas en los tramos litorales y las llanuras de inundación de las áreas rurales- del incumplimiento de las Leyes de Costas, Aguas, Montes, Suelo, o Patrimonio Natural y Biodiversidad de España o de las Leyes y Planes del Suelo, Patrimonio Cultural, Conservación de la Naturaleza, Carreteras, Ordenación del Litoral..., dentro de los aplazamientos en la ordenación territorial y los recursos naturales o en la falta de vigilancia y adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbana o las Normas Subsidiarias de Planeamiento en los municipios a las leyes y normas de rango superior en Cantabria.

La despoblación y la España o la Cantabria vacía no han surgido, pues, por generación espontánea o de la noche a la mañana: es el resultado de la parálisis, la inhibición, la complicidad o el desconocimiento institucional -escójase lo más apropiado para cada caso- sobre los procesos subyacentes y de largo recorrido en la marginación de las áreas rurales como fruto del intercambio desigual del reparto de las plusvalías en los mercados agroganaderos, forestales y mineros sometidos a la especulación, los intermediarios y la manipulación de los precios en perjuicio de sus habitantes; y es también el resultado de la contaminación fiscal de unos regímenes tributarios que han seguido los modelos urbanos -desde el IBI hasta el IRPF o los impuestos municipales-, ciegos a la condición marginal y discriminatoria que han venido sufriendo desde varias generaciones unas poblaciones castigadas por el desprecio y el olvido de las injustas relaciones entre el campo y la ciudad, incluyendo a los «desertores del arado» como quinta columna de un fenómeno que no ha tenido, en muchos casos, la respuesta adecuada por parte de los ayuntamientos afectados.