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Desde que comenzó la pandemia del covid-19, nuestra flota pesquera ha seguido faenando para suministrar a la población alimentos de primera necesidad y ha impedido además que una súbita escasez disparase los precios y perjudicara a la mayoría de las economías familiares. Los ... hombres de la mar estuvieron al pie del cañón en los momentos más duros, incluso durante el confinamiento, y lo siguen estando hoy, por lo que son trabajadores esenciales y merecen el mismo trato.
Esta consideración es razón suficiente para exigir a la Consejería de Sanidad que les vacune contra el covid-19 como a todos los demás, pero hay muchas más. Y es que en la mar no hay teletrabajo que valga. El lugar de trabajo es la embarcación donde pasan muchas jornadas y muchas horas una media de 16 marineros ,y donde es imposible mantener la distancia de seguridad.
La vacunación de nuestra flota es de manual. En un día de actividad en plena costera del bocarte se concentran en el puerto de Santoña hasta 70 barcos de todo el Cantábrico y más de mil tripulantes. Añádase el personal de la cofradía y la lonja, las rederas, los compradores y las actividades auxiliares, un auténtico polvorín.
Sumen a todo ello el impacto socioeconómico que un brote o una cuarentena pueden tener sobre un sector que ya ha sido muy perjudicado por el covid, tanto por el número de contagios, como por la bajada de los precios de los productos.
El Gobierno de Revilla no puede seguir echando balones fuera. Si vacunó a los presos del Dueso antes que a los mayores de nuestras residencias, también puede vacunar ahora a nuestros pescadores. Puede hacerlo de la misma manera que la semana pasada había citado para vacunarse a los controladores aéreos, un colectivo muy respetable, probablemente también esencial, pero que tampoco aparece como prioritario en la Estrategia Nacional de Vacunación.
Estamos ante otra paradoja de un Gobierno que trampea y adapta esa estrategia cuando le conviene y se agarra a ella para dar la espalda a nuestra flota pesquera y decir no a la vacunación.
Porque esta no es una excusa válida para decir no. No lo es porque nuestros pescadores responden al criterio de exposición al riesgo que recoge la estrategia. Las peculiaridades de su ejercicio profesional hacen que estén expuestos a un contagio sin posibilidad de protegerse.
Y no lo es porque la gestión directa de los programas de vacunación es competencia de las comunidades autónomas, no del Ministerio de Sanidad y, mucho menos del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que la coalición de socialistas y regionalistas nos lleve constantemente a pensar otra cosa con su seguidismo absoluto a los dictados de La Moncloa.
De hecho, otras comunidades autónomas como el País Vasco han protegido a sus flotas vacunándoles contra el covid. Así que, si ellos pueden y lo han hecho ya, Cantabria también puede y debe hacerlo. El Gobierno de Revilla sólo tiene que querer y, además, tiene que hacerlo ya, con el resto de los trabajadores esenciales una vez que han sido vacunadas las residencias y los profesionales sanitarios y avanza la inmunización en mayores y personas vulnerables, porque es ahora cuando están en plena actividad.
Nos sumamos, por tanto, a esta petición unánime del sector y de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria y reclamamos al Gobierno que corrija una situación inexplicable que, además, refleja la falta de sensibilidad hacia todo un sector productivo de la región y hacia la seguridad de sus trabajadores y empresarios. Pedimos al consejero responsable de Pesca, el regionalista Guillermo Blanco, que hable menos y haga algo, porque no basta con decir que el sector de la pesca debería ser considerado prioritario y quedarse de brazos cruzados.
Tiene que presionar al consejero de Sanidad, defender con hechos al sector y, si es necesario, pedir la intervención del presidente de Cantabria. Nuestro presidente debería dejar de ponerse de perfil y delegar todas las decisiones sobre la campaña de vacunación y las restricciones a nuestra actividad económica en el PSOE, y ejercer ya su responsabilidad y sus competencias para que este olvido se corrija de inmediato.
Los ciudadanos llevan mucho tiempo preguntándose si Cantabria sigue siendo una comunidad autónoma o hemos vuelto a ser solamente una provincia gobernada desde La Moncloa, porque para lo único que se ha ejercido en los últimos tiempos la autonomía ha sido para cerrar la hostelería y someterla a un acoso feroz. Esta vez el problema no está en Madrid. Está en el Gobierno de Cantabria, que debería empezar ya a prestar mucha más atención sobre las consecuencias humanas, económicas y sociales de sus vaivenes, cambios de criterio y seguidismo en la gestión de la pandemia.
Aquí tiene un colectivo claramente vulnerable: atiéndanlo.
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