La verdadera realidad de las residencias de mayores

Leo, por otro lado, determinadas afirmaciones que no pueden quedar sin respuesta. Se afirma, como mayor crítica, «la falta de supervisión de la Atención Primaria, que no habría prestado la vigilancia médica debida» para, acto seguido, denunciar que «no tuvieron como prioridad a las residencias». Pues bien, hay que aclarar, y bien alto, y a mí no me limita ningún interés político a la hora de responder, que en estas pasadas semanas todos mis compañeros se han multiplicado para dar respuesta a todas las demandas en condiciones excepcionales en las cuales no estaba garantizada ni su propia integridad, y en este sentido a las desgraciadas pruebas me remito. Hay igualmente que aclarar que nuestra prioridad es la atención sanitaria, pero de todos y cada uno de nuestros pacientes, hasta donde la viabilidad permita; y nuestra obligación: la equidad, intentando aportar, en la medida de lo posible a todos los pacientes, el mismo grado de atención en función de su necesidad. Aun así, cualquier profesional de la Atención Primaria podrá contestar a estas quejas afirmando que el mismo paciente, con las mismas necesidades, es atendido-visitado muchas más veces estando ingresado en una residencia que en el domicilio familiar, pues la demanda desde estos centros suele ser mucho mayor, existiendo, eso sí, grandes diferencias entre ellos.

Eso, sin hablar de otro tipo de 'servicios exclusivos' frecuentes en estos centros, que se acaban convirtiendo en exigencia y son motivo de habitual confrontación, como por ejemplo la atención de pacientes que sí se pueden desplazar hasta el centro de salud, el envío de informes vía fax o la realización de recetas in situ, cuando no el pase de visita programado en determinados días a la semana que, por pura viabilidad, no se ofertan al resto de los pacientes. Ni que decir tiene que a esta situación se ha llegado con la connivencia de la administración y el conocimiento del resto de los partidos políticos con los que nos hemos reunido en los últimos años a fin de conseguir propuestas de cambio sin resultado alguno. Observo con estupor como en las últimas semanas se ha ido generando una lectura de la terrible desgracia acaecida en muchas residencias de mayores de este país, que no responde del todo a la realidad.

Los profesionales sanitarios de esta comunidad, y en particular el Sindicato Médico de Cantabria ya desde hace bastantes años, tienen como uno de sus perpetuos conflictos con la administración la modificación de la normativa que regula los centros residenciales de mayores, ya que, bajo nuestro profesional punto de vista y teniendo en cuenta las características del 'negocio' del que hablamos, debiera ser bastante más rigurosa y exigente, sobre todo con los medios humanos (médicos y enfermeras), todo ello en función del número de pacientes en dicha residencia.

Cantabria es de las pocas comunidades que no exige tener servicio médico propio en las residencias, ni tan siquiera un mínimo de horas semanales en virtud de su tamaño como sí ocurre en otras comunidades. Pues bien, lejos de adoptar o al menos proponer dichas modificaciones, nuestra administración ha ido presionando cada vez más a los profesionales del Sistema Público de Salud a fin de que estos compensaran las deficiencias de estos centros residenciales, la mayoría no olvidemos, y esto es vital en el asunto que tratamos, de titularidad privada y para nada entidades sin ánimo de lucro.

Es tal la sinrazón, que en la publicidad de muchos de estos centros se hace hincapié en el servicio médico 24 horas, que ofertan como si fuera propio cuando se refieren en realidad a la cobertura del Servicio Cántabro de Salud, del que lógicamente disponen, y en efecto no mienten, pues del mismo modo disponen de servicio de Seguridad Ciudadana garantizada por las Fuerzas de Orden Público, aunque este derecho no lo expliciten.

No contentos con eso, en los últimos meses, mucho antes de la crisis sanitaria actual, se han realizado cambios organizativos en algunas zonas básicas de salud, al arbitrio de las demandas desaforadas en muchas ocasiones de los directivos de algunas residencias, de tal modo que ahora son atendidos por todos los médicos de la zona básica, por lejos que se encuentren, con los problemas que ello genera en la atención sanitaria de la zona, prerrogativa que, de nuevo, no tienen el resto de los pacientes rompiendo por completo con el principio de equidad.

El hecho de que la administración haya tomado cartas en el asunto y se haya hecho cargo de algunas residencias, como no podía ser de otra manera con la que estaba cayendo, ha sido interesadamente interpretado como la aceptación total de responsabilidades por parte de la administración eximiendo, parece ser con ello (pues lejos de hacer actos de contrición cada vez son más exigentes) a los gestores, directivos o dueños de las residencias que dan la sensación de no tener ninguna responsabilidad en las graves deficiencias observadas. Insisto en que la realidad actual nos dice que la mayoría de estos centros son de titularidad privada, no siendo bajo mi punto de vista lo deseable, existiendo creo una necesidad a la que esta sociedad aún no ha dado la respuesta adecuada. Por último, ninguno de mis compañeros discute ni discutirá jamás su obligación para con estos pacientes (faltaría más) a los que aspiran a tratar con la misma exquisitez que al resto, sin interferencias que tan sólo implican tensiones continuas y gratuitas y con la deseable íntima colaboración fundamentalmente de los gestores de dichos centros, en tanto en cuanto esta necesidad no se resuelva de otra manera. Igualmente aspiramos a que de una vez por todas nuestra administración lidere los cambios necesarios, sin ambigüedades ni correcciones políticas, sino basados en el beneficio clínico, y desde luego la viabilidad, en beneficio de todos.