Democracia y derecho de defensa

Y es que el Derecho a la Defensa, no lo olvidemos, está íntimamente relacionado con el Estado de Derecho. Junto con la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 de nuestra Constitución, constituye uno de los derechos básicos de protección de la ciudadanía.

La ley viene, por tanto, a concretar y a desarrollar ese derecho fundamental reconocido en el ámbito internacional y europeo, consagrado en el texto constitucional y consolidado jurisprudencialmente, dotando de seguridad tanto a los ciudadanos y las ciudadanas en el ejercicio de su derecho a la defensa como a los profesionales de la abogacía como garantes del ejercicio efectivo de dicho derecho; con esta ley se cierra el círculo de garantías constitucionales.

Una ley pionera en Europa, con la trascendencia y significado que esto tiene. No se trata, por tanto, de una simple norma más, ya que su pretensión es mucho más amplia y reivindicada al consagrar las manifestaciones prácticas del conjunto de facultades y garantías que conforman el fundamental derecho de defensa. Es por ello que, el consenso, la colaboración y el acuerdo, deben ponerse al servicio las grandes reformas pendientes, como la referida Ley Orgánica del Derecho de Defensa, precisamente para continuar en la senda por la que camina una sociedad que, como la nuestra, aspira a seguir avanzando conforme a los postulados de una auténtica democracia.

Espero y confío en que la ley sea aprobada en un plazo breve y, además, que cuente con la mayoría más amplia posible porque en estos tiempos tan necesitados de consenso, qué mejor que buscarlo y encontrarlo con la Ley de Defensa y que la ciudadanía lo identifique. En definitiva, que la ley se pueda erigir como una de esas grandes leyes donde nuevamente deben vencer la razón, el consenso y el acuerdo.

Acuerdo, aseguramiento del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y garantía del derecho de defensa. Valores sobre los que, una vez más y para salvaguardarnos de la adversidad de contextos geopolíticos complejos e inciertos, debemos apoyarnos para hallar consensos duraderos que contribuyan al reforzamiento de un sistema democrático sólido cuya estabilidad y fortificación hoy estamos obligados, moral y legalmente, a defender a ultranza.

Desde la primera Ley Orgánica de la Democracia, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, las grandes reformas y avances normativos se han ido sucediendo, no sin dificultades, pero sí superando con esfuerzo, racionalidad y responsabilidad colectiva la lógica confrontación que se deriva de la aprobación de leyes tan sensibles y necesarias como la del divorcio, la del poder judicial o, más adelante, la de igualdad o la del matrimonio homosexual.

Desde la cultura del acuerdo, nuestro país siempre ha estado, cuando ha tenido que estarlo, a la altura de las circunstancias.

A pesar de las profundas diferencias ideológicas, España ha demostrado ser en muchos momentos de nuestra historia reciente ejemplo e inspiración de convivencia, a través de unos líderes y representantes que han sido capaces de trabajar juntos para diseñar un marco jurídico inclusivo y que fuese aceptado por un amplio espectro del panorama político y ciudadano, garantizando así su legitimidad y efectividad. Los tiempos actuales deben estar a la misma altura, centrándose de nuevo el debate político en aquellos principios y elementos posibilitadores de la armonía, sin los cuales no sería posible ni tan siquiera divisar el camino que como sociedad queremos transitar.

El acuerdo, el consenso, el diálogo y la escucha son hoy una urgencia. En un momento en que de las 93.000 palabras que recoge nuestro diccionario, polarización haya sido la elegida como palabra del año 2023, sin duda es una exigencia volver a la cultura del pacto; por un ejercicio de responsabilidad, por una exigencia democrática.

La regulación del Derecho de Defensa es una oportunidad para ello.