Los vientos inciertos de la energía eólica

El run-run empieza a parecerse al que rodeó al 'superplan' eólico que el Gobierno de coalición intentó desarrollar en la legislatura 2007-11: cerca de 1.500 megavatios de potencia instalada en siete áreas geográficas, 2.000 millones de inversión directa y otros tantos en los proyectos industriales asociados que los grupos promotores se comprometían a desarrollar y que, en realidad, serían financiados por las generosas primas que entonces se pagaban por la producción de energías renovables. O sea, que iba a ser la panacea para Cantabria, con las decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos que anunciaba optimista el Ejecutivo, cuando la crisis ya asomaba en el horizonte. En medio, un intenso debate político y ciudadano, ilustrado por las famosas infografías de la bahía santanderina amenazada por los gigantescos molinos de viento que se levantaban en las cumbres cercanas.

El mapa eólico trazado desde la Universidad de Cantabria era riguroso y sensato, pero llegados al concurso el Gobierno disparó la superficie de actuación y la potencia de instalación muy por encima de lo previsto para ampliar la oferta al máximo. Entre los 40 aspirantes, los principales grupos energéticos y otros ajenos al sector, creados a la carrera para participar en el gran 'pelotazo'.

La crisis galopante a partir del año 2008, los cambios políticos con la llegada del Partido Popular al poder en Cantabria y en España en 2011, la anulación del concurso en los tribunales por sus graves carencias e irregularidades hasta el punto de cuadruplicar el límite de la potencia autorizada en el Plan Energético vigente, más la moratoria de 2012, acabaron con el sueño eólico y dejaron al sector paralizado durante años, más allá de la modesta aportación que supone el parque de Cañoneras con sus 38 aerogeneradores.

Después de tantas vicisitudes, la generación de energía eólica se ha reactivado en España en los últimos ejercicios, con récord en 2020 en Europa, con un importante crecimiento previsto para el año en curso y en cabeza de las renovables. En Cantabria la recuperación eólica tiene el aliento y la supervisión administrativa del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, del Gobierno de Cantabria en los proyectos del sector privado que desarrolla los parques con una potencia cercana a los 500 megavatios. Y al mismo tiempo resurge el debate ciudadano, con pronunciamientos de rechazo y alegaciones en municipios afectados, por ejemplo en las comarcas del Asón y del Miera, con los vecinos en cabeza, aunque también con alguna presencia de representantes de la izquierda radical y del ecologismo más estricto con los proyectos eólicos que puedan resultar dañinos para el paisaje o las aves.

Con los antecedentes de Cantabria, los tribunales constituyen un riesgo cierto a medio plazo. Entre los expertos domina la idea de que es necesario extremar las cautelas en la tramitación de los proyectos para así fortalecer la seguridad jurídica de las instancias políticas implicadas y de las compañías promotoras, y también los derechos e intereses de la ciudadanía. Rigor máximo al establecer las áreas de actuación, la potencia instalada y el impacto ambiental, no sólo de cada parque sino también del conjunto, el impacto acumulativo que dicen los técnicos. Por carencias en este terreno, la justicia ha hecho estragos en los últimos años en la red eólica proyectada en León.

Los especialistas también juzgan necesario un esfuerzo pedagógico en las zonas afectadas y en toda la comunidad en general, para subrayar el avance hacia las energías limpias y renovables, la importancia socio-económica que el desarrollo eólico puede tener, máxime en una situación de grave crisis asociada a la pandemia, para garantizar el respeto ambiental y paisajístico, e incluso para acometer los cambios que reclamen los vecinos y los grupos conservacionistas que sean razonables y factibles. En definitiva, se trata de favorecer una oportunidad de progreso para la Cantabria rural y despoblada. Por el momento, la nueva controversia eólica no ha alcanzado un excesivo impacto político, pero sin duda la discusión terminará por llegar al Parlamento regional más temprano que tarde. En el Gobierno autónomo, el PRC tiene ahora con el consejero López Marcano más responsabilidad en la industria eólica que el PSOE, que dirigió el fallido plan de hace una década. Unos y otros se mantienen a la expectativa y los demás partidos también. El PP, primera fuerza opositora, toma el pulso a su organización en las zonas implicadas para concretar su posición en este asunto.