Una ley de vivienda para Cantabria

Actuar con la implicación y el compromiso de todos. Partidos políticos, agentes sociales y ciudadanía.

Tras un año de reuniones e informes actualizados sobre el panorama de la vivienda en Cantabria, presentamos un borrador de texto para que al final de año podamos llevar al Parlamento de Cantabria un proyecto de ley participado, consensuado, enriquecido con aportaciones de cuantos más, mejor.

Un proyecto de ley trabajado y consensuado, pero, sobre todo, un proyecto de ley que dé soluciones.

El Gobierno de Cantabria se ha marcado como objetivo que pueda llevarse a la práctica el derecho a una vivienda digna para todas las personas, especialmente para aquellas que carecen de medios para disponer de ella.

El borrador de ley tiene tres pilares: el acceso a la vivienda, el uso que se da a la vivienda y su conservación.

El aumento de la oferta de vivienda de alquiler, la reducción del número de viviendas vacías e incentivar actuaciones de regeneración urbana y la rehabilitación de edificios bajo criterios de accesibilidad y eficiencia energética, son los tres objetivos a alcanzar en el medio y largo plazo. Respecto al avance en el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna, el borrador de Ley obliga al Gobierno de Cantabria a planificar el aumento progresivo de las viviendas de titularidad pública para tener un parque de alquiler amplio y suficiente. En el plazo de dos años Cantabria deberá contar con un plan plurianual de ampliación del parque público de vivienda, así como un plan de rehabilitación.

Desde que en julio de 2019 asumimos la responsabilidad de gestionar la cartera de Vivienda, la consejería se marcó como primer objetivo ampliar el parque público de vivienda en alquiler. A través de la compra directa, ejerciendo el derecho de tanteo y a través de cesiones con ayuntamientos y entidades financieras o la Sareb, hemos incrementado el parque público en 113 viviendas, pasando de 234 a 386. Esto supone un incremento del 48%, pero es un parque público todavía insuficiente.

Cantabria va a tener una planificación a medio y largo plazo y se van a crear instrumentos que van a permitir tener datos actualizados de control y seguimiento, como el registro de viviendas vacías, el registro de contratos de alquiler de viviendas o el depósito de fianzas.

Solo con un parque fuerte de vivienda pública de alquiler podemos hacer frente a las necesidades de vivienda y esto no se va a conseguir en un año o en dos. Esta planificación plurianual, para aumentar progresivamente el parque público de vivienda, debe adoptarse por un acuerdo amplio, pues su duración debe ir más allá de una legislatura. Es necesario un acuerdo de todos para pactar un plan a medio y largo plazo, un acuerdo a nivel político y en colaboración con el sector privado y con los ayuntamientos, con el fin de impulsar también la construcción de viviendas de alquiler protegido.

La ley también recoge la creación de programas para incentivar la movilización de vivienda vacía, para destinar viviendas del parque privado al alquiler social y asequible.

En segundo lugar, se fijan los colectivos que van a tener prioridad a la hora de acceder al parque público de vivienda de alquiler: jóvenes, personas sin medios ni recursos económicos, mujeres víctimas de violencia de género, personas con diversidad funcional, personas que se encuentren en especiales circunstancias de exclusión social o emergencia social por haber sido privadas de su vivienda habitual.

De forma paralela al trabajo que ya venimos desarrollando para favorecer las labores de coordinación con servicios sociales municipales y con el Tribunal Superior de Justicia, así como con los colectivos sociales, la ley incorpora medidas con el objetivo de asegurar el principio básico de que ninguna persona deudora de buena fe sea lanzada por motivos exclusivamente económicos y sin alternativa habitacional. Por eso, proponemos una Ley de marcado carácter social: ampliando los derechos de tanteo para facilitar la adquisición de viviendas a la Administración u obligando a los grandes tenedores (entidades financieras y fondos de inversión) a ofrecer un alquiler social en los casos de adquisición de viviendas mediante ejecución hipotecaria, dación en pago o compensación, de forma previa a interponer cualquier acción judicial contra personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y no dispongan de alternativa propia de vivienda.

Finalmente, incidimos en la necesidad de incentivar la rehabilitación y regeneración urbana. Atraigamos al centro de las ciudades y a nuestros pueblos a la población más dinámica en lugar de expulsarla a las afueras. Actuemos sobre lo ya edificado.

Hasta ahora la regulación de la vivienda está casi exclusivamente encauzada a la construcción y la compra de vivienda. Pretendemos crear un nuevo escenario integrador y participativo donde tengan cabida soluciones residenciales adaptadas a las necesidades reales de cada colectivo sin olvidar que la ciudad construida es el entorno en que se desarrolla la vida y merece la pena invertir esfuerzos en mejorarla.

* Ana Belén álvarez (Consejera de Empleo y Políticas Sociales) | Eugenia Gómez (Directora general de Vivienda)