Volver a respetar las instituciones

Las actuales circunstancias sociopolíticas lo ponen de manifiesto. El populismo se ha instalado en las Cortes Generales, el debate brilla por su ausencia y se prefiere la descalificación a convencer con argumentos. Las instituciones que diseñó la Constitución para garantizar el control de los abusos de poder y el adecuado reparto y equilibrio de los poderes públicos no funcionan correctamente porque entre todos se las maltrata. Lo más reciente es la renovación del Tribunal Constitucional, al que impide actuar con plenitud un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial, que incumplen su obligación legal que, por puro seguidismo partidista, ha decidido contagiar su propia interinidad al máximo garante de los derechos fundamentales.

Esa irresponsable actitud no se ha contrarrestado por el Gobierno, que, debiendo designar otras dos magistraturas, ha optado por perfiles absolutamente alejados de la imagen de imparcialidad e independencia que exige ese órgano. Su decisión no puede excusarse en que antes el Partido Popular designara a uno de sus afiliados como magistrado, que llegó a ser presidente del propio tribunal, o candidatos sin reconocimiento en la comunidad jurídica. Que otros mantengan una política sin altura de miras no justifica que se haga otro tanto cuando se tiene la oportunidad de enmendar semejante proceder.

Recuperar la legitimidad de la Constitución y las instituciones que configura resulta esencial para regenerar el sistema democrático e incrementar la maltrecha confianza ciudadana. Sin embargo, tenemos a la oposición empeñada en boicotear, durante cuatro años, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No le importa mantener en funciones a uno de los tres poderes del Estado, como si no quedara afectada la legitimidad del Poder Judicial. Sin el funcionamiento pleno del CGPJ no solo se afectan los derechos de todos porque esa interinidad incide en el funcionamiento de la Administración de Justicia al precarizar el Supremo y las presidencias de todos los tribunales, sino que padece el delicado equilibrio con los poderes ejecutivo y legislativo, afectando a lo que otras culturas jurídicas denominan 'checks and balances'; es decir, a los controles y equilibrios que permiten evitar abusos de poder.

Hemos visto, dentro y fuera de España, los riesgos que provoca el desprecio a las instituciones constitucionales y a los procedimientos democráticos. El asalto al Capitolio en una asentada democracia como la americana o cuanto ha sucedido con el llamado 'procés' en Cataluña acreditan la gravedad de las consecuencias de zarandear las instituciones y eludir el respeto a las reglas de la democracia.

El aniversario de la Constitución, la constatación del grave deterioro del debate parlamentario y la inadecuada gestión de la discrepancia debieran conducir a todos a reflexionar sobre las graves consecuencias que pueden presentarse de mantener el actual estado de cosas. Lo que se vislumbra, de no regresar a la senda del respeto y la búsqueda de acuerdos, es poco halagüeño. Volver a respetar las instituciones constitucionales resulta esencial. Solo si las instituciones funcionan, desde la fortaleza que otorga mantenerlas en toda su plenitud y operando con normalidad, se podrán resguardar a su abrigo los derechos y libertades de los que todos disfrutamos. Si el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el debate parlamentario continúan en crisis, la solidez de la democracia se resquebraja. Y cuando las instituciones democráticas fallan, nuestros derechos y libertades quedan a la intemperie. Desprotegidos ante cualquier vendaval populista que se los lleve por delante.