Otra vuelta de tuerca

El Gabinete argumenta que ambos cumplen con los requisitos de idoneidad que contempla la ley de leyes en ese mismo artículo. Así es en lo que se refiere a su formación y trayectoria de años. Pero la decisión supone una nueva vuelta de tuerca en la politización de los perfiles hacia los que la dinámica partidaria empuja los nombramientos correspondientes al Legislativo y al Ejecutivo. Como si las carreras profesionales en la Judicatura, en la Abogacía o en la Universidad solo pudieran aspirar a ser tenidas en cuenta para formar parte de órganos constitucionales si son identificadas con unos u otros grupos políticos con potestad para su designación.

Pero aún es más corrosivo para la democracia que la presunción de adscripción partidista no desmentida parezca prevalecer sobre una disposición menos comprometida o menos condicionada a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las normas que esperan la sentencia de la corte de garantías o que en adelante puedan ser sometidas a su juicio. La ley de salud sexual y reproductiva, la de regulación de la eutanasia, la Lomloe o la reforma de la del Poder Judicial son algunas de las que esperan. La reciente producción legislativa y la que se anuncia por parte del Gobierno -leyes del 'solo sí es sí', trans, de familias, de gravámenes a beneficios extraordinarios...- puede acabar también en el Constitucional. Un tribunal que ha atravesado un período crítico y que en estas condiciones no acabará de asentarse como intérprete último de la Carta Magna a ojos de los ciudadanos. Solo la renuncia del PSOE y del PP a incrementar su representatividad colonizando el CGPJ y el máximo intérprete de la Carta Magna puede devolvernos a una democracia de contrapesos.