Anulan la sanción de 4.000 euros a un taxista de Ramales por trasladar pacientes a Santander

El juzgado ha estimado la demanda que presentó el taxista, ha anulado la resolución recurrida y ha impuesto las costas a la Administración, en una sentencia que es firme.

Cabe recordar que el expediente sancionador fue instruido por el Ejecutivo regional tras una denuncia de la Guardia Civil de Tráfico interpuesta en febrero de 2020 por «realizar transporte público de viajeros de uso especial careciendo de autorización específica».

En septiembre de 2020, Transportes incoó el expediente sancionador, y en noviembre de ese año el denunciado presentó alegaciones, basadas en que la Federación Cántabra del Taxi fue adjudicataria de un servicio de transporte de distintos pacientes a diversos centros asistenciales de Fremap.

La demanda se interpuso contra la resolución dictada por el consejero de Fomento, de 23 de mayo de 2024, por la que se desestima el recurso de alzada contra la citada resolución del director general de Transportes de 2021.

Según señala la jueza en su sentencia, el taxita afirma que solicitó autorización (uno de los miembros de la UTE) para transporte regular de viajeros de uso especial para determinadas rutas y «sí es cierto que consta dicha solicitud», aunque no el vehículo del recurrente, según el testigo que declaró en la vista, porque la solicitud fue anterior a la existencia del mismo.

En cualquier caso, para la jueza no se prueba la respuesta verbal de que no era necesaria dicha autorización. «Solicitada la misma y sin obtener respuesta, nos encontramos ante la desestimación por silencio de dicha solicitud», señala.

Pero para la magistrada la clave no es si solicitó la autorización sino que se trata de una cuestión de prueba. «El boletín de denuncia describe la realización de transporte público de viajeros de uso especial careciendo de autorización específica. Afirma que realiza el transporte de varios usuarios con reiteración de itinerario, horario y calendario. Más allá de dicha denuncia no existe prueba». En este sentido, incide en que «no se acredita por parte de la Administración la reiteración de itinerario, horario y calendario. Es más, el recurrente acredita precisamente que no se repite nunca ni el itinerario, horario ni calendario de las personas que se transportan. No estamos por tanto ante un transporte regular».

A lo largo del expediente administrativo el recurrente ha acreditado, a su juicio, la ausencia de regularidad en el transporte, sin que por parte de la Administración se haya practicado prueba en contra; de hecho, «únicamente se basa en el boletín de denuncia que no concreta ni acredita la reiteración de horario, itinerarios y calendario».

«Nos encontramos por tanto ante una ausencia de prueba de la conducta infractora. Podemos concluir que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia del recurrente» por lo que para la jueza procede estimar el recurso.