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La Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático ha formulado una declaración de impacto ambiental «aprobatoria con condiciones» al proyecto de nuevo puente sobre la ría de Rada, en Carasa, en la carretera CA-268 que enlaza Adal Treto y Bádames, en la Junta de Voto. Según la resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria, la ejecución de esta nueva infraestructura «no implica una pérdida significativa de valores ambientales, paisajísticos y arqueológicos, siempre y cuando se cumplan los condicionantes ambientales de esta declaración de Impacto Ambiental, y se lleven a cabo el conjunto de medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la misma». Con este informe, se da luz verde al expediente que conducirá a licitar unos trabajos cuyo plazo de ejecución se estima en 18 meses.
La noticia pone un punto de esperanza a los vecinos del entorno, que asisten con preocupación al grave deterioro de la actual construcción, diseñada en el siglo pasado para una intensidad de tráfico que nada tiene que ver con la que soporta a diario, con el paso de vehículos pesados que amenazan con quebrar su resistencia. La presencia de socavones, visibles a nada que se observe a pie de asfalto, justifican el temor vecinal y su expectativa para que se acelere la llegada de las máquinas de la nueva infraestructura. Así lo reconoce el presidente de la Junta Vecinal, Serafín Alberdi.
El promotor del proyecto es la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. La propuesta contempla la modificación del trazado de la carretera CA-268 en Carasa, entre sus puntos kilométricos 2,420 y 2,725, a través de la construcción de un nuevo puente sobre la ría de Rada. Además, se prevé remodelar su intersección con la carretera autonómica secundaria CA-258 que enlaza Carasa con Ampuero.
El actual puente de la CA-268 sobre la ría de Rada tiene una anchura de 5 metros, una luz de 11,25 metros y un dique de acceso de 73 metros de longitud.La actuación prevé la demolición y retirada del puente y del dique existente, debido a su deficiente estado de conservación. De este último sólo se mantendrá un tramo en la zona que da acceso a fincas y viviendas. Además, se requerirán actuaciones complementarias, como la implantación de una rotonda para resolver los problemas de accesibilidad y cambios de sentido que existen junto al desvío a Carasa.
La alternativa seleccionada consiste en una estructura de hormigón postensado, con tres apoyos, e incluye una glorieta de 30 metros de diámetro que resuelve la intersección. El trazado es desviado respecto al dique y puente actuales, y se dispone aguas abajo de estos. La sección transversal es de 11,4 metros, con dos calzadas de 3,5 metros cada una, y una zona peatonal de 2 metros. Los dos vanos exteriores tienen una luz de 21 metros y los dos interiores de 27 metros. La longitud del puente entre estribos es de 98 metros. El puente de hormigón permite ensanchar la sección en el tramo próximo a la rotonda sin necesidad de adelantar el estribo, por lo que parte de la rotonda se asienta sobre el dique.
Entre las mejoras que plantea la alternativa escogida, se encuentra su mayor apertura de hueco para el paso del agua a pesar de contar con tres pilas de apoyo. Además, el nuevo puente carecerá de elementos estructurales sobre la plataforma, lo que supone mayor permeabilidad visual tanto en lo referente a la seguridad vial como en cuanto a integración paisajística. A la par, la nueva glorieta resuelve todos los movimientos en la intersección con la carretera que enlaza con Ampuero. Y da continuidad al tránsito peatonal entre la zona del barrio de Carasa-el Cristo. La estructura de hormigón tiene un menor coste de mantenimiento que la estructura metálica planteada en otras alternativas.
Entre los informes recabados para dictar esta declaración de impacto ambiental se encuentran los emitidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, y los de la Subdirección General del Medio Natural. Los dos ayuntamientos concernidos, en el Bárcena de Cicero y el de Voto, informan de que no han recibido alegaciones en relación al anteproyecto.
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