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El magistrado de la Audiencia Provincial de León, José Luis Chamorro, ha acordado prorrogar por dos años la prisión preventiva, comunicada y sin fianza de ... Jorge Cervantes, acusado de acabar de una puñalada con la vida del joven de Colindres Mario Fuentes, en el transcurso de una discusión. Hechos por los que la Fiscalía solicita 22 años de cárcel para él por un delito de asesinato.
En un auto dictado el pasado 5 de mayo, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, el presidente del tribunal del jurado encargado de enjuiciar este asunto recuerda que el 18 de mayo de 2021, dos días después del crimen, la instructora decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza al existir indicios de que el procesado era el autor de la muerte (por homicidio) de Mario Fuentes. Se basó aquella decisión en la existencia de riesgo de fuga dada la pena que a tal hecho impone el artículo 138 del Código Penal y para evitar la destrucción de pruebas. «Hoy el procedimiento está bastante avanzado ya que el pasado 12 de abril se dictó auto desestimando las cuestiones previas planteadas por la defensa». Aunque, esta resolución no es firme puesto que ha sido recurrida en apelación por la representación del acusado. Esta circunstancia, según apunta el magistrado, impide que el juicio pueda celebrarse antes del plazo de dos años y de ahí que se señalase la vista para resolver sobre la eventual prórroga de la prisión provisional del acusado.
Las partes Las acusaciones pidieron las prórroga de la prisión y la defensa la libertad o presentaciones periódicas
El magistrado Considera que queda intacta la posibilidad de riesgo de fuga por parte del acusado
Como ya adelantó este periódico, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitaron la prórroga (por dos años) de la situación de prisión provisional, comunicada a ineludible. Su argumento básico es el riego de fuga ya que, bien se acuse finalmente por delito de homicidio (art. 138 C.P.) bien por asesinato (art. 139 C.P.) las penas a imponer serían en todo caso superiores a diez años como mínimo. La defensa, por su parte, recordando la vigencia de la presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución Española, señala que, dado el tiempo transcurrido desde el supuesto hecho y admitiendo la imposibilidad de celebrar el juicio en fechas muy próximas, postula medidas alternativas a la libertad como la libertad con fianza u otras como presentaciones periódicas (diarias llegó a decir) que conjurasen ese eventual riesgo de fuga.
El magistrado no discute que al acusado le asista el principio de presunción de inocencia y que la situación que padece no es anticipo de una eventual pena de sentencia condenatoria. «Es obvio afirmar que lo que sufre es una medida cautelar de carácter personal que le priva de la libertad y cuyos fundamentos y justificación están plenamente acreditados». A estas alturas del procedimiento, sostiene el presidente del tribunal del jurado, «hay que decir que si no ha quedado inexistente la posibilidad de que pueda alterar las fuentes de prueba, sí está claramente disminuida». Sin embargo, entiende que sí queda «intacta» la posibilidad de riesgo de fuga «teniendo en cuenta, además, que el señor Cervantes es persona joven y frente a la mera posibilidad (no se está hablando aquí de certeza, seguridad ni de probabilidad) de una sentencia condenatoria con muchos años de prisión, pueda eludir la acción de la justicia». Eso supone para el magistrado que ni siquiera sea posible –para conjurar ese riesgo– que se acuda a cualquiera de las alternativas ofrecidas por la defensa. «Todo ello sin desdeñar que, a salvo de lo que pueda reparar el recurso antes mencionado, no es aventurado pensar que el juicio puede celebrarse en el tercer trimestre de esta año o a principios del cuarto».
En este procedimiento, la Fiscalía reclama 22 años de cárcel por un delito de asesinato al autor confeso del crimen y una indemnización para los padres y el hermano de la víctima de 177.000 euros. Por su parte, la acusación particular, que representa a los progenitores de Mario Fuentes, interesa una pena de 20 años de cárcel por asesinato y eleva la indemnización hasta los 290.000 euros. Asimismo, solicita que al encausado se le prohiba la tenencia y porte de armas así como la aproximación a una distancia inferior a 500 metros, comunicación por cualquier medio, incluso informático, contacto escrito, verbal o visual por 25 años respecto a los padres y hermano del finado.
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Ana del Castillo
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