El cargadero de mineral de Dícido, en la Lista Roja

Y es que la estructura, advierte Hispania Nostra, «se encuentra en un estado de deterioro muy avanzado, con una importante pérdida de material que hace peligrar su estabilidad».

Ha sido el propio Ayuntamiento de Castro Urdiales quien alertó a la delegación cántabra de Hispania Nostra pues ven en su inclusión en la Lista Roja una forma de que «no se olvide» y «se mantenga la alerta sobre ello». Fuentes municipales explican que los dos últimos años han trabajado con la Consejería de Cultura y la Dirección de Costas para diseñar un «criterio común», unir fuerzas y trabajar de forma «coordinada». En 2017 se celebró la primera reunión a tres bandas y se acordó encargar el estudio técnico.

El primer cargadero de las minas de Dícido se construyó en el año 1886, pero un vendaval destruyó aquel primer muelle-embarcadero. Más tarde la Dícido Iton Ore levantó un segundo cantilever (especie de viga voladiza) de 94 metros que fue dinamitado durante la retirada de las tropas republicanas en el año 1937. Al año, Altos Hornos de Vizcaya construyó la estructura que conocemos hoy y la única que queda de las siete que existieron en la zona. En 1996 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento, por el Gobierno de Cantabria.

En octubre del año pasado el Ministerio de Cultura adjudicó a la empresa Ines Ingenieros Consultores la redacción del estudio previo para la recuperación. El coste era de 35.696 -aunque el precio de licitación fue de 60.000 euros- y el plazo de ejecución de un año.

Este informe es clave para los pasos a dar en el futuro. Desde el Ayuntamiento de Castro insisten en que es necesario conocer los detalles de este estudio para saber cómo y hasta dónde se puede recuperar y rehabilitar el cargadero y, sobre todo, su coste para saber qué pasos dar a partir de ahí. «El estudio es un paso importante para saber por dónde ir», insisten.

Sí los técnicos plantean como viable esa rehabilitación, el Ayuntamiento se plantea la posibilidad de pedir ayudas, tanto a través del 1% Cultural del Ministerio de Fomento -actuaciones de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español- o a Europa.

La Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria explica que el plazo de entrega del informe acababa en octubre, pero que podría retrasarse hasta final de año o, incluso, ser necesario solicitar una prórroga para concluir todos los análisis que se están llevando a cabo.

Al igual que la Administración castreña, insisten en la necesidad de esperar a estudiar su contenido para saber qué pasos hay que dar.

En los presupuestos de Estado aprobados en abril del año pasado el cargadero desapareció de las cuentas de Cultura, donde el año anterior si figuraban 15.000 euros.

El cargadero de Dícido, ubicado en Mioño y propiedad del Ayuntamiento de Castro Urdiales, es el séptimo nombre del patrimonio regional que se incorpora este año a la Lista Roja de Hispania Nostra. Una lista que recoge aquellos elementos del Patrimonio Cultural Español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. El objetivo es darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración.

La creación en Cantabria de una delegación permanente, a cuyo frente está Aurelio González Riancho, ha provocado un reguero de incorporaciones a esta lista que no se actualizaba desde 2016.

Las antiguas escuelas de Terán fueron las últimas en entrar antes del intenso trabajo de revisión de este año, en el que se han incorporado: el caserío redondo en Molledo; la torre de Cadalso, en Valderredible; la torre de los Ríos, en la Hermandad de Campoo de Suso; el palacio de Ceballos, en Santa María de Cayón; el castillo de Corbanera, en Monte y la Torre de Hoyos en Mazcuerras.

No todo han sido varapalos a la conservación del patrimonio, también hay dos edificios de Cantabria que han salido de la lista de las alertas para pasar a la de la esperanza, la Lista Verde. Se trata del Palacio de los Acebedos, convertido ahora en hotel, y la torre Medieval de Ruerrero, sobre la que intervino el Gobierno regional.

Hace unos años también se sacó la Bahía de Santander al cerrarse el proyecto de molinos eólicos en la zona sur.