Crisis en la Agencia de Desarrollo Local que agrupa a los municipios del Alto Asón

A un lado del conflicto se sitúan los ayuntamientos de Ampuero -donde se encuentra la sede de la ADL- y Ramales de la Victoria, partidarios de seguir prestando este servicio, y al otro, los de Ruesga, Arredondo y Soba, que defienden que no les compensa el dinero que pagan por la ADL con las prestaciones que se da a los vecinos de estos municipios. El alcalde de Rasines, Sergio Castro (PRC) aseguró que se está valorando y aún no se ha tomado una decisión al respecto.

El portavoz del PSOE de Rasines y exalcalde de este municipio, Jaime Bonachea, daba la voz de alarma esta semana alertando del riesgo de desaparición del organismo si estos ayuntamientos deciden dejar de prestar este servicio.

Sin embargo, los alcaldes de los municipios que abogan por salir, defienden que no se ha propuesto la disolución de la ADL, sino que sean los ayuntamientos que se benefician de su funcionamiento los que ofrezcan este servicio a los vecinos y lo paguen. El presidente de la mancomunidad y alcalde de Ruesga, Jesús Ramón Ochoa, explicó que lo que se habría propuesto es que los ayuntamientos partidarios de mantener la Agencia de Desarrollo Local hagan una delegación de sus competencias de empleo en la mancomunidad, ya que este organismo no las tiene, «y a partir de ahí se tomarán decisiones, si lo quieren mantener tres ayuntamientos, esos tres ayuntamientos asumirán el gasto».

Ochoa aclaró que «si se decide que no la quiere ninguno, entonces tienes que eliminarla, pero si hay tres que la quieren llevar no se va a eliminar, lo asumirán entre los tres».

En el caso de Ruesga, el alcalde entiende que la aportación municipal para empleo «no me repercute nada, porque en los talleres de empleo no tengo ninguna persona de Ruesga, la ADL está en Ampuero y yo estoy pagando un servicio por el que no obtengo nada». Ochoa defendió la heterogeneidad de la mancomunidad y, por lo tanto, «las prioridades tampoco son las mismas», según el regidor.

El presidente de la Mancomunidad comparó este caso con el servicio de ayuda a domicilio, que pasó por la misma situación. Sólo cuatro ayuntamientos de la mancomunidad decidieron delegar sus competencias para continuar y son los que abonan ahora este gasto.

Los otros dos ayuntamientos que abogan por dejar la ADL son Arredondo y Soba, que defienden que se trata de una reorganización del servicio y son partidarios de que continúe su actividad con financiación de los ayuntamientos beneficiarios. Además, el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla , recalcó su apuesta por «dinamizar los ayuntamientos -rurales- de otra manera y sobre todo, crear actividad económica», ya que los tres municipios de la zona alta del Asón «perdemos constantemente población y lo que tenemos que hacer es intentar fijar población y hacer otras políticas».

Los ayuntamientos de Ampuero y Ramales temen sin embargo por su continuidad, ya que, aunque no se haya planteado su disolución «no es lo mismo pagarlo entre seis, que entre dos», afirmó el alcalde de Ramales, César García, que también defendió que, aunque esos consistorios no lo paguen, seguirán beneficiándose de sus servicios porque la gente de estos municipios «seguirá yendo a la Agencia de Desarrollo Local». Para García, se trata de un servicio «fundamental para el desarrollo de la comarca» y las razones que dan para no seguir son, a su juicio, «muy peregrinas». Desde Ampuero se plantea incluso abandonar la mancomunidad, ya que este ayuntamiento solo participa en este servicio, por lo que «si no quieren tener la Agencia nosotros no pintaríamos nada, siendo el municipio que más aporta», señaló el alcalde, Víctor Gutiérrez, en el último Pleno.