Investigan al alcalde de Voto, a otro edil y a un constructor por presunta prevaricación

Hace año y medio un ciudadano requirió al Ayuntamiento la documentación referida a distintas actuaciones que se habían llevado a cabo en San Mamés de Aras. Ante la falta de respuesta, el pasado mes de diciembre el ciudadano formalizó la denuncia ante los juzgados de Laredo. El pasado 8 de marzo dicha querella fue admitida a trámite y se incoaron diligencias previas. Al mismo tiempo se autorizó la práctica de actuaciones para la averiguación y el esclarecimiento de los hechos.

En este sentido, se requirió al secretario del Ayuntamiento de Voto la presentación de expedientes de legalización de las parcelas 41, 42, 43 y 51 del polígono 529 de Voto.

Al mismo tiempo, se libró oficio a la Crotu para aportar los expedientes remitidos por el Ayuntamiento de Voto en relación con las citadas parcelas, así como informar si en parcelas de suelo no urbanizable es necesario y/o se necesita autorización de la Crotu para talar árboles y rellenar cuando se va a construir una nave.

Por último, se requirió a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico los expedientes sancionadores existentes en la parcela 43 del polígono 529 de Voto, además de especificar si los rellenos ejecutados se hicieron en zona con valor ecológico o paisajístico. También se pedía aclaración respecto a si estaban autorizados los rellenos y aparcamientos.

A partir de la documentación aportada por la Confederación, la magistrada juez de Laredo acordó el pasado 10 de mayo recibir declaración en calidad de querellados a los tres citados.

El alcalde José Luis Trueba expone que «el origen de todo está en una enemistad entre dos exsocios que se denuncian mutuamente ante el Ayuntamiento. Nos hemos visto involucrados injustamente en una querella, con la que se pretende que el juez penal entre a valorar cuestiones puramente administrativas», subraya.

Además, Trueba indica que «el querellante ha impugnado los cinco acuerdos de la Junta de Gobierno Local ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Santander sobre parcelas que son objeto de la querella, y tras dos años de juicio, se ha dictado sentencia de 18 de abril de 2023 a favor del Ayuntamiento, en la que condenan al querellante por actuar negligentemente, no habiendo apreciado el juez ninguna conducta punible penalmente». Y finaliza. «El Ayuntamiento ha actuado siempre dentro del marco legal, y así se ratificará el próximo 12 de julion en el juzgado».