«La okupación en Ramales es un problema social, no de seguridad»

– ¿En qué punto está el proyecto de la residencia de mayores?

– La residencia lleva muchos trámites. Todavía estamos esperando cambiar el uso del suelo de la parcela de la fábrica Trefilería. Las normas urbanísticas de Ramales lo tienen como suelo industrial y hay que modificarlo a dotacional, lo que requiere una serie de informes favorables por parte de Confederación Hidrográfica, de diferentes consejerías o de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), además de la aprobación en el pleno. Nosotros hemos hecho todos los trámites que están en nuestra mano, pero para hacerla definitiva necesitamos los informes sectoriales. En concreto, nos falta uno de la Dirección General del Medio Natural que llevamos esperando 14 o 15 meses. Creemos que es un cambio sencillo del tipo de suelo, pero vamos con retraso.

– ¿Qué características tendrá la futura residencia?

– El proyecto no está redactado. Hay un informe de la Consejería de Servicios Sociales que indica que aquí es necesaria una residencia con espacio para 80 usuarios. Nosotros creemos que harían falta más puestos. En Ramales vive mucha gente mayor del País Vasco, aunque no estén empadronados, y están interesados en la residencia. Además, queremos urbanizar la zona e instalar una pista de tenis y otra multideporte. También nos gustaría comprar la otra parte de la fábrica, para ello seguimos en conversaciones con la Seguridad Social, que es la propietaria, aunque es bastante complicado negociar con ellos porque no hay nadie con quien puedas hablar cara a cara. El plan para esa parcela es mantener lo que queda de la fábrica como elemento histórico, y lo demás convertirlo en un parque público porque, al estar pegado al río, ahí no podemos construir.

– Otro reto que marcaba al inicio de la legislatura es la gestión del agua ¿Cuál es el problema en este sentido?

– E mayor problema son las infraestructuras y el agua es una gestión continua. Por ejemplo, tenemos un proyecto desde hace cuatro años que nos iba a hacer la Consejería de Obras Públicas. Se trata de una obra de abastecimiento en el barrio de Guardamino, unos cuatro kilómetros de tuberías. Mandamos el proyecto, tardaron nueve meses en sacarlo a licitación y en resolverlo y entonces estalló la guerra de Ucrania. En ese momento, todas las empresas que habían concursado renunciaron porque el presupuesto no se ajustaba a la realidad. Hemos modificado el proyecto en tres ocasiones y seguimos esperando una respuesta del Ejecutivo regional.

– ¿En qué otros retos está trabajando el Consistorio?

– Tenemos un proyecto de alargar el paseo de Cubillas hasta Gibaja y convertirlo en un carril bici. El proyecto tiene un coste de 400.000 euros y hemos pedido una subvención a la Fundación de Ferrocarriles Españoles. El carril saldría del polideportivo, allí queremos trasladar la estación de autobuses, para ello necesitamos la colaboración del Gobierno de Cantabria. La instalación actual es muy poco operativa por su ubicación y a los autobuses les cuesta mucho entrar y salir.

– La cueva de Covalanas ha tenido que restringir sus visitas en los últimos meses ¿ha sido un varapalo para el municipio?

– No tenemos datos sobre el efecto de la restricción de visitas a la cueva. De la Consejería solo sabemos lo que ha salido en la prensa, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. A mi me gustaría que escucharan al Ayuntamiento. Cuando se hizo el centro de recepción de visitantes nosotros lo aprobamos en pleno, porque es suelo municipal. En aquel momento se dijo que no era lo más adecuado para la zona porque es de madera y está enclavado en la roca y nadie nos hizo caso. Cuando se construyó el centro de visitantes de Cullalvera ocurrió lo mismo.

–¿Tienen un problema de okupación de viviendas en Ramales?

– Hay muchos hogares que no tienen dueño porque están en concurso de acreedores, y sí que hay un problema de okupación que el Sareb y las empresas que gestionan esos activos están intentado solucionar.

– ¿Eso supone un problema de seguridad con las personas que han okupado los edificios?

– Es un problema más bien social. Nosotros hemos dispuesto medios para que haya más seguridad, como la instalación de cámaras, y tenemos colaboración con la Guardia Civil pero es un tema muy complicado porque las viviendas no tienen dueño, y en este caso tiene que ser el propietario el que haga los trámites. Como en todo, hay personas problemáticas y otras que no lo son. Muchos tienen necesidad, y ayudaremos desde la institución municipal a los que podamos.