«Hemos pagado la casa, tenemos las escrituras y ahora nos quieren echar»

A pesar haber escriturado su vivienda hace doce años «libre de cargas» y de pagar religiosamente sus impuestos, como por ejemplo el IBI, estos vecinos, que viven con la preocupación y la incertidumbre de qué pasará, se enfrentan a un desalojo inminente. Ayer finalizaba el plazo que concede el Juzgado para recurrir la resolución, y, tras reunirse con todos los afectados, el abogado que representa los intereses de estos vecinos se personó en dependencias judiciales para parar este «injusto desahucio». A la espera de saber qué decisión adopta el Juzgado, estos vecinos también se han dirigido al Ayuntamiento de Guriezo para solicitar ayuda.

«Resulta que un día, tras una visita de la Guardia Civil, le llega una denuncia a mi marido por la vía penal porque al parecer estamos ocupando una vivienda que está en un terreno que no es nuestro. Y encima nos advierten de que tenemos que hacer frente a una multa de cinco euros diarios durante tres meses y que por cada dos días que no se pague hay una pena de un día de cárcel», señalaba ayer Purificación, que vive en Baracaldo, tiene dos hijos, y utiliza su casa de Guriezo como segunda residencia. «Llevamos treinta años viniendo a Guriezo, primero estuvimos de alquiler y después compramos esta vivienda», añade Purificación, al tiempo que muestra un documento del Registro de la Propiedad de Castro Urdiales en el que aparece Aliseda Sociedad Anónima como titular de la parcela donde se ubica su vivienda «en virtud de certificación expedida el 27 de julio de 2017 por la secretaria del Ayuntamiento de Guriezo, de la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución A del Sector La Gándara de Guriezo».

«Aquí hay algo raro. No sabemos aún qué pero esto no es normal», apunta esta vecina con la esperanza de que el Juzgado paralice la orden de desahucio y no tengan que abandonar su vivienda.

José María, el marido de Purificación, tampoco tiene un explicación para lo que les está ocurriendo. «Esto viene todo de hace dos años, cuando se aprobó el proyecto ese de compensación. Pero lo que no entendemos es que dos años después me llegue a mí una denuncia por lo penal considerándome un okupa, cuando tengo todos los papeles en regla y las escrituras que dicen que la vivienda estaba libre de cargas».

Ana María y Roberto también están afectados por esta situación. A diferencia de Purificación y su familia, ellos viven a diario en esta vivienda, desde el año 1988. De hecho, el padre de Roberto fue el que vendió el edificio en el que viven a una mujer, que lo revendió a los actuales inquilinos. «Cuando conocimos la noticia nos sorprendimos porque tenemos todo bien, en regla. Para todo hay solución así que esperamos que este asunto se resuelva cuanto antes, porque sino nos echan de aquí no tenemos dónde ir ahora mismo», comentaba Roberto.

Estas dos familias coinciden en que desde el primer momento, el actual equipo de gobierno, encabezado por el alcalde de Guriezo, Ángel Llano (PRC), les está apoyando y prestando su ayuda en todo lo necesario. De hecho, el regidor se acercará a lo largo del día de hoy al Registro de la Propiedad de Castro Urdiales con la esperanza de poder conocer con detalle la razón por la que se ha llegado a esta situación y dar una solución. «Sería el colmo que echaran de sus casas a estos vecinos teniendo las escrituras y todo en regla», apuntaba ayer en declaraciones a este periódico.

Llano asegura que conoce a estos vecinos desde hace años y puede dar fe de que llevan tiempo viviendo allí. Además, consta en el Ayuntamiento el pago de los correspondientes recibos de IBI. Por eso cree que este asunto acabará resolviéndose sin que tengan que llegar a abandonar sus hogares, aunque lo cierto es que el tiempo corre en su contra.

El alcalde de Guriezo, que en la pasada legislatura estuvo en la oposición, recuerda que este asunto «ha dado muchas vueltas». «La gestión de este tema corrió a cargo del anterior equipo de gobierno, pero también han intervenido desde la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) hasta el técnico municipal».

Llano asegura que el Plan Parcial de La Gándara, donde se ubica el edificio donde residen los vecinos afectados, llevaba treinta años sin llevarse a cabo. «No sabemos si ha registrado dos veces la parcela donde está el edificio, pero, en cualquier caso, hay que aclarar este tema cuanto antes».