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Hacía meses que los vecinos de Ramales de la Victoria, un municipio con menos de 3.000 habitantes, sufrían un nivel de inseguridad ciudadana más propio de una gran ciudad. Robos casi diarios en tiendas y supermercados; por la calle; incluso perpetrados por menores ... de edad en el patio del colegio; amenazas, palizas y un largo etcétera. Todos delitos atribuidos, según residentes en este municipio, a dos familias que mantenían okupadas dos viviendas en la urbanización Los Robles. Por eso muchos de los que durante tiempo habían sufrido esa lacra felicitaron ayer a los integrantes de la empresa 'Antiokupas' que, a media mañana y tras varias horas de tensión, lograron que estas dos familias -con 12 miembros en total- abandonaran las viviendas en las que residían de forma ilícita desde hacía meses.
«Desde que llegaron no han dado más que problemas y la gente estaba atemorizada. Así que ahora estamos todos algo mejor. La cuestión es que se hayan ido para no volver», comentaba un vecino mientras curioseaba el revuelo montado por la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en medio de la calle Río Calera. Muchos curiosos se asomaron a las ventanas, otros comentaron lo sucedido con el del jardín de al lado, porque en el fondo todos habían escuchado el revuelo montado pasada la una y media del mediodía, cuando sucedió todo.
El inicio de la historia viene de lejos, «de cuanto esta gente vino a vivir aquí hace meses», revela otro de los residentes en la urbanización que es, en su mayoría, propiedad de una gestora. «Hay algún propietario pero la mayoría estamos de alquiler. Pagamos alrededor de 214 euros», confiesa. Los okupas se metieron en dos pisos y se quedaron. «Ha habido mucho problema con la okupación desde un principio. Aquí, si dejan un piso vacío, se meten», añade otra vecina. «Y el problema es que estos eran bastante conflictivos».
Dicen que tenían atemorizado a todo el pueblo. Robaban, amenazaban, han dado palizas... La convivencia ha sido complicada desde el principio y por eso la gestora propietaria de los inmuebles -unas 200 viviendas a excepción de una docena que están en manos de propietarios privados-, decidió contratar a la empresa 'Antiokupas'.
«Nosotros llevamos trabajando con esta empresa más de cinco años», explica José, responsable de un equipo que viaja por todo el país para desalojar viviendas. Dos de estos profesionales vinieron a vivir a esta urbanización hace cuatro meses. Su objetivo: vigilar y mediar en los conflictos con estos vecinos problemáticos. La tensión ha estado siempre presente, pero este pasado sábado por la noche se puso más feo.
«Unos vecinos nos llamaron para que indicáramos a estos okupas que estaban poniendo la música muy alta, porque realmente la tenían muy alta», relata José. «Uno de los nuestros les llamó a la puerta y se lo dijo, pero se enfadaron y sacaron navajas y cuchillos. Tuvo que llamar a la Guardia Civil y se fue de allí». La guerra estaba abierta y el domingo por la mañana varios miembros de estas dos familias de okupas le aporrearon la puerta como venganza. «Tuvo que defenderse como pudo. Le lanzaron machetazos y puso el brazo para defenderse. Tiene marcas que atestiguan lo sucedido», informa José, que muestra en su móvil la imagen que acompaña este reportaje en esta misma página.
La Guardia Civil intervino de nuevo, pero la amenaza era ya muy grave. «Para prevenir, la empresa nos dijo que montáramos un dispositivo para el desalojo». Y así fue. En la mañana de ayer, martes, doce profesionales de la misma empresa llegaron a la urbanización para prestar apoyo a sus dos compañeros. «Hicimos lo que hacemos siempre, apostarnos en la puerta e informar de que ninguno de los que saliera iba a entrar». No fue fácil. «Se han enfadado, lógicamente, y no lo han tomado nada bien».
Bajo la mirada de la Guardia Civil todos fueron desalojando las dos viviendas que estaban okupadas. En una de ellas, un segundo piso, los profesionales de 'Antiokupas' instalaron una puerta especial para impedir el acceso. En la otra vivienda, un bajo, «no hemos podido intervenir para poner ninguna puerta porque en ella vivían dos menores, y en ese caso es la Policía Judicial la que se hace cargo».
Pasadas las siete de la tarde de ayer el operativo de vigilancia continuaba con los catorce efectivos de 'Antiokupas'. «Sospechamos que pueden regresar porque es una familia gitana que está desterrada de Bilbao y que ha amenazado con volver con más gente», cuenta el responsable de esta empresa. «No soy racista, porque yo soy gitano, pero gitano normal, una persona normal. Lo que pasa es que esta gente no era normal y se dedicaba a amedrentar a todo el vecindario y a delinquir».
Por eso los vecinos estaban ayer felices, como José Ignacio Jiménez: «Llevábamos con este problema desde 2018, cuando la gestora no pudo vender más pisos y los puso en alquiler a 80 euros. A raíz de esto empezaron a venir gitanos y se hizo un efecto llamada», cuenta. «Hemos visto auténticas batallas campales», acredita. «La cosa es que aquí nadie, ni siquiera la Guardia Civil, los había plantado cara, y se habían hecho dueños del barrio».
Desde el Ayuntamiento, el alcalde, César García (PSOE), asegura que tenían constancia de lo que ocurría y que habían recibido varias denuncias de vecinos, pero que no podían hacer nada porque era algo «que dependía de los propietarios de los pisos». «Es un problema social, que se ha convertido en un problema de seguridad en el momento en que han comenzado a delinquir», justificó el regidor. Ya no quedan okupas en esa urbanización, tan sólo inquilinos, algunos morosos.
Las heridas de la imagen son producidas por un machete. Las sufrió el integrante de la empresa 'Antiokupas' que acudió el pasado sábado por la noche a reprochar a los okupas que tenían la música muy alta. «Se tapó la cara con el brazo y tiene estas heridas que ves. Si no, no sabemos lo que habría pasado», cuenta el responsable de la empresa que ha logrado que las dos familias hayan abandonado las viviendas okupadas.
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