Los trabajadores del servicio de recogida de basuras de Colindres convocan una huelga indefinida

Se trata de un conflicto entre la empresa y la plantilla lastrado en el tiempo, según los propios trabajadores, que aseguran sufrir los incumplimientos del contrato en lo referente a las horas de descanso, calendarios laborales fuera de normativa, o incluso la no percepción de conceptos salariales por toxicidad, peligrosidad o penosidad. Además, afean que Urbaser haga «oídos sordos» a los intentos de normalizar la situación, asegurando que existen demandas judiciales contra la empresa.

Un conflicto en plena temporada estival en el que «los perjudicados serán el Ayuntamiento y los vecinos», tal como apuntó el alcalde de Colindres, Javier Incera, que aseguró que desde el Ayuntamiento harán todo lo que esté en su mano por acelerar la resolución del problema.

Según ha podido saber este periódico, hay un profundo malestar en la plantilla, que cuenta con 12 empleados, por la «actitud de cerrazón de la empresa para intentar solucionar por la vía pacífica y de diálogo los innumerables incumplimientos». Fuentes de los propios trabajadores indicaron que el próximo jueves se llevará a cabo la mediación en la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria (Orecla). Las mismas fuentes aseguraron «estar preparados para una larga lucha ya que es mucho lo que está en juego para su futuro vital y profesional».

Por su parte, el alcalde de Colindres quiso dejar claro que se trata de un problema en la relación contractual entre los trabajadores y la empresa, si bien, el pliego de condiciones del servicio recoge algunos aspectos sobre la contratación, tales como las condiciones salariales de los empleados o que éstos debían cobrar conforme al convenio en vigor. Asimismo «dejaba claro que debían cobrar el plus de peligrosidad», entre otras condiciones.

Es por ello que el Ayuntamiento ha hecho un requerimiento a la adjudicataria y actualmente «estamos a la espera de la recepción de la documentación y del análisis de la misma», señaló Incera, que remarcó que, si se desprende que se ha incumplido el contrato, «las acciones que tomaría el Ayuntamiento serían volver a poner en marcha penalidades a la empresa y se podría abrir expediente de penalizaciones o de rescisión de contrato». El pliego también recoge unos servicios mínimos de al menos un tercio del servicio total.