Transportes multa con 4.001 euros a un taxista de Ramales al atribuirle la falta de un permiso para un servicio

La Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria ha impuesto una sanción de 4.001 euros a un taxista de Ramales de la Victoria por trasladar a varios usuarios de este municipio, y de Colindres y Laredo, hasta una mutua de Santander, «con reiteración de itinerario, horario y calendario» pese a no contar con un permiso especial para ello.

Así consta en la resolución del expediente sancionador, instruido por la Administración y notificado este mes, tras una denuncia de la Guardia Civil de Tráfico interpuesta en febrero del año pasado, en la que se le atribuía haber realizado un transporte público de viajeros «de uso especial careciendo de autorización específica».

En septiembre de 2020, Transportes incoó el expediente sancionador, y en noviembre el denunciado presentó alegaciones, basadas en que la Federación Cántabra del Taxi fue adjudicataria de un servicio de transporte de varios pacientes a diversos centros asistenciales de la mutua Fremap. Aportó las solicitudes de itinerarios y manifestó que no era un servicio regular de uso especial, por lo que negó que existiera repetición de itinerarios ni horarios.

En este sentido, la Federación del Cántabra del Taxi ha reafirmado en un comunicado que la UTE conformada con Radio Taxi Santander y Cantabria y Radio Servicios 88 es la adjudicataria del servicio de transporte de pacientes a los centros de Fremap.

Según destaca este colectivo, Transportes desestimó dos solicitudes de autorización, al no considerarlo como un servicio regular de uso especial (cuando existe reiteración de itinerarios y horarios).

La Federación explica que aportó facturas con el desglose de los trayectos, según las cuales los desplazamientos al centro asistencial «no coinciden regularmente los mismos pacientes», al residir en distintas localidades y tener citas en diferentes días y horas. Así, «existen constantes variaciones en los recorridos».

Pero, según Transportes, el denunciado «no ha aportado prueba suficiente en contrario» a la denuncia que ha desembocado en el expediente sancionador.

La Federación Cántabra del Taxi ha indicado que esta sanción se suma a la denuncia a otro profesional del sector de Ampuero «por aplicar una tarifa que ni siquiera existe». «Mientras los vehículos VTC -vehículos con conductor- campan a sus anchas sin ningún tipo de control, el Gobierno de Cantabria continúa con su política de acoso y derribo al sector del taxi», se quejan.

Por todo ello, los taxistas solicitan la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Inspección, órgano que «se iba a reunir con carácter trimestral y que la citada dirección general no reúne desde 2019».

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