17 alumnos de un taller de empleo de Miengo-Polanco, con un pie en la calle

Los 17 integrantes del taller de empleo hortofrutícola de la Mancomunidad Miengo-Polanco están con un pie en la calle. Ayer el día empezaba para ellos con «alegría» porque habían sido seleccionados para formarse y trabajar, durante seis meses, con el objeto de conseguir una certificación profesional, una nueva oportunidad de empleo y un respiro económico. Pero la cosa se torció en la presentación, cuando la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, en representación de la mayor parte de los vocales de la Mancomunidad –a excepción del presidente y de otro vocal– les explicó que se iba a pedir la revocación del acuerdo por el que se ha aceptado desarrollar el taller de empleo, derivando cualquier responsabilidad jurídica o económica por los perjuicios causados hacia el presidente de la Mancomunidad, Felipe Tapia.

«Yo pensé que venían a recibirnos», explicaba sorprendida una de las integrantes del taller –con tres hijos y sin ningún ingreso– que no daba crédito a lo que pasaba. Tras ese mensaje inicial, no hubo debate y la delegación formada, entre otros, por concejales de Polanco y Miengo, tanto del PRC, como del PP y del PSOE, se fue por donde había venido. «Sin darnos opción a decir nada», explicaron algo molestos los presentes. En la sala se quedó el todavía presidente de la Mancomunidad, Felipe Tapia, además de la vocal de Miengo por Equo, Sara Gómez.

Según se explicó entre las partes enfrentadas, la Mancomunidad llegó a un acuerdo en octubre 2018 de no aceptar aquellos talleres en caso de que los aspirantes no fuesen en un 70% del municipio. Ese requisito territorial se aprobó, a propuesta del propio Felipe Tapia, y fue ratificado por todos los representantes de la Mancomunidad. No obstante, cuando llegó el momento aplicar el criterio para el taller hortofrutícola, Tapia cambió de parecer y convocó otro pleno, que se celebró el pasado lunes, en el que explicó que había motivos que le habían hecho rectificar. «Hay circunstancias mejor conocidas, como las situaciones familiares y personales de algunos de los admitidos, que permiten reconsiderar la decisión inicial, aunque no se haya llegado al porcentaje por razones de índole social», dijo. De la misma forma, la edil de Equo apoyó la decisión, pero no lo hicieron así el resto de vocales (con mayoría), así que se acordó valorar mejor la propuesta, por lo que se convocó un tercer pleno, el miércoles, 28 de febrero, a dos días de la presentación del taller. En él, Tapia anunció su decisión de rectificar su «error» de imponer la, a su juicio, «injusta» cuota del 70-30% que él mismo había defendido en octubre de 2018, y aceptar desarrollar el taller en base a los criterios «sociales». También abundó en que, si renunciaban, no se podría acceder a otra convocatoria «en un año». Tras ello, y tras manifestar que no iba a firmar la renuncia y que daría continuidad a los trámites, el resto de representantes le pidieron su dimisión y protestaron por la actitud «dictatorial», al no respetar el acuerdo del pleno.

De todo lo ocurrido se enteraban ayer los alumnos-trabajadores que no daban crédito a lo que estaba pasando, puesto que se veían de nuevo en la calle, sin trabajo y con muchos problemas para volver a participar en otras convocatorias por las propias normas de juego que impone el Emcan.Las docentes confesaban ayer que se habían quedado sin posibilidad de concurrir a otros talleres y que habían, incluso, rechazado otras ofertas para cumplir con la de Miengo-Polanco.

Montse R., una torrelaveguense de 51 años y con tres hijos, decía ayer que ella no entendía «de política», pero mostraba su desilusión porque estaba «contenta por salir de casa y dejar de comerte la cabeza, y por tener un sueldo y no tener que pedir ayudas», resumía. Un testimonio que ratificaban muchos de los presentes, ya que al margen de quién tenga la culpa, los que más pierden «somos los de siempre», decía otro de los participantes indignado. Al igual que Montse, Carmen Posadas (también de Torrelavega), el taller de empleo suponía un respiro y «no estar en casa todo el día, también por salud mental», dijo.

Incluso los participantes que sí cumplían el requisito de ser de Miengo o Polanco, cuestionaban el polémico criterio del 70-30 que se adoptó para rechazar el taller. «Si no es que los de Miengo o Polanco se hayan quedado fuera, que digo yo que tendrán el mismo derecho que yo a formarse», opinaba Carmen Garral de Requejada. En su caso, se apuntó a orientación y a las entrevistas para poder ser seleccionada.

Las responsabilidad era repartida ayer por cada bando, pero complicada la solución para los afectados, que tendrán que acudir a los tribunales por «despido improcedente».

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz declaraba ayer que el único responsable del desaguisado era Felipe Tapia y anunciaba «la petición de un pleno extraordinario y urgente para revocar ese acuerdo y ponerlo en conocimiento del servicio cántabro de empleo, además de estudiar las acciones que correspondan contra el presidente por vulnerar el acuerdo del pleno», mientras que el señalado opinaba que había «motivos personales» contra él para revocar el acuerdo «dando una patada a los desempleados», que era para él.

La regidora aclaró a éste periódico que acudió al curso a dar la cara y en calidad «de portavoz» elegida por el resto . Pidió «disculpas» a los alumnos por si se le había entendido mal, cuando no quiso entrar a debatir el anuncio de la revocación, y se ofreció a darles explicaciones, porque entendía que el debate se debía llevar a pleno.

Por su parte, la concejal de Equo reconoció ayer que el acuerdo adoptado de las cuotas fue «erróneo», pero afirmó que estaban a tiempo de «subsanarlo» y defendió a Tapia. «El presidente de esta entidad local ha priorizado el interés común de 17 ciudadanas y ciudadanos en riesgo de exclusión y les ha facilitado con su decisión personal que se inicié el curso taller de fruticultura, obviando como es lógico y legal, la procedencia de estas personas residentes en otros ayuntamientos de la comarca del Saja-Besaya», resumió.