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Polanco reactivará en las próximas semanas sus cámaras de videovigilancia. Los dispositivos llevan «más de un año» en su sitio pero «desconectados», según desveló ayer la alcaldesa, Rosa Díaz (PRC), en el Pleno, a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista ... ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, al entender que el funcionamiento de las cámaras debía estar regulado, porque un mal uso de las mismas podría «violar la intimidad» de los vecinos.
Según el Consistorio, esta llamada de atención provocó la reacción de Delegación para redactar un protocolo y que esto afectó a otros municipios que, como Polanco, tenían instalada la videovigilancia, en su mayor parte, «municipios sin Policía Local», relató la regionalista.
Así, y tras varios meses de conversaciones y gestiones, finalmente se ha podido aprobar un protocolo para que puedan volver a conectarse los dispositivos. Mientras tanto, como afirmaban este jueves desde el Ayuntamiento, «han aumentado los actos vandálicos y los desperfectos». Esto ha propiciado las quejas de los vecinos, «que se sienten desprotegidos», aseguró la alcaldesa.
Según atribuyó Díaz, la reclamación del PSOE «ha supuesto importantes costes al Ayuntamiento», ya que al no poder identificar a los causantes de los actos vandálicos, «no se ha podido denunciar y exigir el pago de los elementos contra los que atentan». Díaz ofreció esta explicación durante el pleno celebrado el miércoles, tras la moción presentada por el PSOE para la reparación y acondicionamiento de parques.
En su defensa ante las acusaciones de la regidora, la portavoz socialista, Aurora Hernández, explicó que su grupo protestó en su momento «porque considerábamos que con las cámaras se estaba invadiendo la intimidad de los vecinos». «Los dispositivos están en los parques y graban a adultos y niños». Además, alegó, «necesitaban autorización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» y, según el PSOE, esta regla «nunca la han cumplido», por lo que piden ahora «la dimisión» de la regidora ya que, a su juicio, las cámaras «han estado grabando ilegalmente a la gente durante un año sin tener permiso», afirmó.
Como ejemplo de la «inutilidad» de las videocámaras, la socialista se refirió a uno de los equipos que apunta a «unos contenedores donde la gente se deshace de enseres como colchones». Aunque se graben este tipo de prácticas, «luego el Ayuntamiento no tiene autoridad para sancionar».
Por su parte, la portavoz Popular, María José Canencia, defendió el funcionamiento de los dispositivos en zonas más alejadas o de menos tránsito a determinadas horas del día. Además, la edil de Vox, Sara de la Llama, empatizó con el razonamiento relativo a la privacidad, pero consideró que «lo que ha de prevalecer es la seguridad de los vecinos». Durante la sesión, se aprobó también la toma de posesión del edil del PP, Santos Miera.
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