Cinco años a la espera del primer gramo de mineral de zinc en el Besaya

De las siete empresas que inicialmente se interesaron y consiguieron dichas licencias de investigación, únicamente una continúa haciendo trabajos sobre el terreno de manera tímida. Se trata de la australiana Slipstream Resources, que comenzó la búsqueda en verano de 2020 en la zona entre Udías y Novales y que tiene tres años para analizar el terreno y tomar una decisión sobre la viabilidad de una posible explotación minera. Pero donde se centraban todas las miradas era en el permiso 'Solía', el que se adjudicó la canadiense Emerita Resources en el Besaya y cuyo fracaso tiró por los suelos casi todas las grandes expectativas que se generaron cuando comenzó a hablarse de zinc en Cantabria.

Emerita fue la compañía que con más ganas reclamó al Gobierno regional dar pasos para reactivar la actividad minera y, paradójicamente, acabó expulsada de la iniciativa. Industria denegó la prórroga que había solicitado para continuar las prospecciones por sus reiterados incumplimientos. La compañía terminó en enero de 2020 el plazo de 13 meses que tenía concedidos por el Ejecutivo cántabro y quería más, hasta 2022. Según el acuerdo de adjudicación para llevar a cabo estos trabajos, se había comprometido a realizar una inversión de 17 millones de euros y llevar a cabo 125 catas en el subsuelo con el fin de determinar si las proporciones de mineral eran suficientes como para plantear una explotación a gran escala. Frente a los números prometidos, invirtió tan solo 1,2 millones y finalizó entre seis y ocho catas en Queveda y Yuso, alrededor de un 5% de las prometidas.

«Tengo la certeza de que hay empresas que van a presentarse si sacamos de nuevo las cuadrículas mineras. Siguen estando intactas las posibilidades de que se desarrolle una actividad minera», decía entonces el exconsejero Francisco Martín, que finalmente no pudo sacar el concurso porque Emerita llevó la denegación de la prórroga a los tribunales. Ahora, su sucesor en Industria, Javier López Marcano, ha asegurado que cuando se resuelva el asunto judicial se volverá a sondear el mercado. No hay plazos previstos.

2.000puestos de trabajo entre directos e indirectos durante un horizonte de diez años

Fueron varios grupos empresariales los que llamaron a la puerta de la Consejería de Industria como consecuencia de la revalorización del mercado del zinc. La falta de rentabilidad que condujo al cierre de la vieja mina de Reocín en 2003 contrastaba con la alta cotización que alcanzó en 2017. El entusiasmo del Gobierno, que logró un amplísimo apoyo para cambiar la Ley del Suelo en tiempo récord y abrir paso legal al proyecto, no hizo más que crecer tras el primer anuncio.

Tras reunirse con las empresas, Revilla detalló que la inversión privada prevista era de 600 millones de euros -fue creciendo poco a poco-, aumentó las cifras sobre creación de empleo hasta los 2.000 puestos (entre directos e indirectos en un horizonte de diez años) y afirmó que la actividad del Puerto crecería un 25%. «La reserva de Reocín es superior a todo el zinc que se produce en el mundo en año y medio. Y seguro que hay mucho más», dijo el presidente. Números que Julio Manuel de Luis, director de Ingeniería Geográfica en la Universidad de Cantabria y uno de los primeros en rebajar las expectativas, calificó de «barbaridad».

600millones era la inversión asociada que tendría la recuperación de la actividad minera en el Besaya

La previsión del Gobierno era que la bocamina se comenzara a abrirse en «14 meses». A finales de 2017, puso ese horizonte en «18 meses». La realidad es que ni lo uno, ni lo otro. Las prospecciones arrancaron en marzo de 2019 -el PRC culpó al PSOE, que entonces gestionaba la tramitación ambiental, de poner trabajas al inicio de la investigación- y al octavo día apareció la primera muestra de blenda de zinc, a casi 600 metros de profundidad, un 20% más profundo de lo esperado. Hubo otro chasco al comprobar que la concentración por tonelada era del 7-9% y estaba desperdigado, no en una bolsa de mineral, lo que ponía en entredicho la viabilidad económica. A finales de ese año, mientras la oposición ya calificaba el proyecto como un «engaño con fines electorales», el Ejecutivo enfría las expectativas y pasaba de la euforia a la cautela. Y hasta hoy.