Comienza el desalojo de los pisos de la urbanización con okupas de Requejada

Más de veinte efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a la Ucesic han respaldado la operación iniciada este lunes a las nueve de la mañana, y que tendrá su fin en septiembre con el desahucio de la totalidad de los okupas que no tienen un perfil de vulnerabilidad. A primera hora se iniciaba el proceso para la toma de propiedad de cinco de las dieciséis propiedades de la Sareb, procediendo a dos alzamientos. Asimismo, fuentes de la investigación relataron a éste periódico que, durante los registros, se incautó numeroso material y herramientas que servirían para abrir los pisos a la fuerza. Tras los registros, los agentes han procedido seguidamente a cambiar la puerta por una especial antiokupas.

El proceso de estos primeros lanzamientos se ha acelerado a raíz de la alarma ciudadana generada tras la llegada de okupas de perfil «muy violento». Un hecho que se producía hace poco más de un año, pero que culminó con denuncias graves por amenazas contra vecinos el pasado mes de marzo. De hecho, para llegar aquí, algunos antiguos propietarios se han visto abocados a malvender sus viviendas e irse de Polanco por temor a parte de estos okupas. «Además, los que más han luchado por solventar esta situación», explicaba la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz que estuvo presente durante la operación de desalojo este lunes por la mañana. Díaz se mostraba «satisfecha porque vuelva un poco la paz». «Llevábamos muchos años intentando que llegase este momento, hemos colaborado con la Guardia Civil y la Sareb; nosotros no teníamos competencia para hacerlo», explica la regidora.

Lo que sí le ha correspondido al Ayuntamiento ha sido elaborar el informe social para poder agilizar el alzamiento, «porque habían llegado unos okupas muy violentos». Fue a raíz de ahí cuando los Servicios Sociales del municipio hicieron constar si alguien estaba en riesgo de vulnerabilidad. Como recoge el documento, del total de okupas registrados «solo hay tres familias y dos personas más en esta situación», precisó.

El total de viviendas en la que, en su día fue una urbanización de lujo, ronda las cincuenta divididas en tres bloques y, hay ahora, tras los dos lanzamientos de este lunes, otros 24 pisos okupados y quince en los que viven sus propietarios legítimos. Una de las últimas personas en comprar un piso allí fue Élida Fernández, que se trasladó aquí desde Santander hace once años y desde hace siete ya empezó a ver «movidas muy raras», describe. Le atrajo precisamente la «tranquilidad de la zona», en la que se visualizaba compartiendo momentos con sus nietos, que viven cerca. «La urbanización estaba cerca del polideportivo, del colegio y de la farmacia, había ahí un parque, y tenía piscina», explica, señalando el vaso vacío de agua pero lleno de maleza. «Desde que vinimos sólo funcionó dos o tres veranos, después, empezaron a venir los okupas y la cerramos», relata. «También el parque se quitó para evitar problemas», añade. Fue entonces cuando empezaron a llegar inquilinos de 'patada en la puerta' que venían solos: «Amenazando, intimidando…». Y así fue pasando el tiempo, «con mucho miedo».

Los okupas se reparten por los otros dos bloques y, en el de Élida, ya sólo quedan propietarios legítimos. Recuerda con alivio que hace unos días, después de sembrar terror durante un tiempo, uno de los okupas con peor trayectoria abandonó el edificio . «Nos amenazó con violarnos, a una vecina le tiró con dos ladrillos…», relata. «O decía, 'qué coche más bonito tienes, espero que tengas un buen seguro'», cuenta.

Para acceder a los contadores, que están en la parte de abajo del edificio, les pedía las llaves y los vecinos no se las daban. «Le decíamos que se las pidiera a quien le había hecho el contrato de alquiler». En cuanto al cuarto de comunicaciones, que está en la parte de arriba, «rompen la puerta para poder engancharse al wifi». Sin embargo, echarle no era asunto sencillo: «El presentó documentación falsa, contrato de alquiler falso, empadronamiento falso… no pudieron echarle, era horrible».

En otro de los bloques, un hombre ha salido de casa y contempla con pasividad el ir y venir de agentes. Es uno de los que deben abandonar la urbanización. «A mí me han notificado que a ver qué es lo que pasa con mi piso, porque yo tengo un contrato», asegura, creyendo que «hoy no echarán a nadie, sino que estarán dando las notificaciones que no dieron la otra vez», y conocedor de que «los juicios empiezan el día 29 de septiembre». Afirma que el piso a él se lo alquiló el constructor de la urbanización. «Él subió conmigo al Ayuntamiento, con la alcaldesa y el teniente Alcalde, con una nota simple». Dice que paga 400 euros al mes y que también se siente engañado. «Aquí somos todos estafados porque todos tenemos contrato por una misma persona, ellos lo saben», finaliza. Se dirige a un guardia y le pregunta qué está pasando. Éste le responde tajante y con cierta ironía: «Debe de haber gente viviendo en pisos que no son suyos; no te lo vas a creer».