Condenan a Santillana del Mar a pagar 12.502 euros por acoso laboral a un operario

En una sentencia fechada el pasado 10 de junio y contra la que cabe recurso, el magistrado Óscar Ferrer atiende el argumentario del demandante, representado por el abogado de USO Eduardo Porcelli. ¿El motivo? Haber presentado «cumplida prueba» de que, «como consecuencia de las denuncias del actor y del sindicato a la Inspección de Trabajo, se le dejaron de asignar tareas de fontanería y se le retiró el vehículo municipal del que disponía anteriormente, suponiendo todo ello una vulneración de la garantía de indemnidad y de la libertad sindical».

Hasta octubre de 2019 el afectado se encargaba del mantenimiento y reparación de la red general de aguas. A partir de ese momento la situación del trabajador varió sensiblemente tras denunciar, dentro de sus competencias en materia de prevención, la existencia de tuberías de fibrocemento, solicitando la adopción de medidas (en el año 2018); y solicitando la apertura de un expediente informativo y una evaluación médica por el uso de herbicidas que contienen glifosato.

De esta denuncia ya dio cuenta El Diario en octubre de 2019. Sobre el glifosato, USO afeaba que se estaba aplicando «sin la dotación de material de protección individual afectado». En la misma línea, la denuncia recogía que «la Organización Mundial de la Salud clasificó en 2015 el glifosato como un probable carcinógeno para los seres humanos».

Con aquellos datos, el sindicato ponía encima de la mesa las cifras. De los 14 operarios de los servicios múltiples, cuatro estaban afectados por diversos procesos cancerígenos. Si se sumaba el personal de limpieza, la cifra llega a seis convalecencias de 18 trabajadores, el 33%. El sindicato no establecía relación directa, sino que reclamaba medidas preventivas adecuadas y que se estudiara si efectivamente había un vínculo entre las afecciones detectadas y el entorno laboral.

Trabajo entró a inspeccionar al Ayuntamiento y concluyó con los mencionados expedientes. Según la sentencia en base al testimonio del propio concejal de Personal, Francisco Javier González, que accedió a las funciones como portavoz del PRC pero que anunció su marcha del partido, al día siguiente de las visitas de los inspectores, «el alcalde -Ángel Rodríguez (PSOE)- reunió a los concejales y les manifestó que había decidido retirar al actor de labores de fontanería y que hiciera otras cosas». En concreto, labores de desbroce, para lo que incluso se le retiró el vehículo municipal, de modo que se le dejaba en el emplazamiento durante toda la jornada laboral, a diferencia del resto de sus compañeros en el Ayuntamiento.

El magistrado no acaba ahí. «El vaciamiento de funciones también se aprecia de la mera lectura de los partes de trabajo, que evidencian un antes y un después a octubre de 2019. En efecto, con anterioridad a dicho mes era habitual la asignación de trabajos de fontanería; en cambio, con posterioridad ya no figuran trabajos de tal naturaleza».

Óscar Ferrer señala igualmente que «un último indicio del vaciamiento de funciones lo encontramos en la encomienda a una empresa, tras octubre de 2019, de los servicios de fontanería para todas las incidencias que surgieran». Lo que no estima el titular del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander es la relación sobre las reclamaciones del demandante y una «supuesta retirada» de un trienio por cobrar.

En todos los demás aspectos el juez observa «relación de causalidad». De ahí la condena y la nulidad de la decisión de apartar al operario de sus funciones. «Acreditada la vulneración de los derechos fundamentales, procede cuantificar la indemnización por daños y perjuicios [...], que procedemos a cuantificarla en 6.251 euros para cada uno de los demandantes -USO y el operario-, estimación que no se estima desproporcionada a la vista de que estamos ante una infracción muy grave, que el actor era delegado de prevención y que los hechos probados entrañan una afectación a la dignidad del actor», colige.