El contrato del polémico radar de Puente San Miguel finalizó hace más de un mes

El polémico radar foto-rojo de la carretera comarcal CA-133, entre Santillana del Mar y Puente San Miguel, no funciona desde el 7 julio, cuando ha finalizado el contrato con la empresa Vialine, que se encargaba de las gestiones y se repartía el dinero recaudado con el Ayuntamiento.

Lejos de las esperanzas de los vecinos que en su día denunciaron la situación que vivían día tras día por el miedo a ser multados y confiaban en que se hubiese tomado la decisión de retirar el dispositivo por sus quejas, el Ayuntamiento prepara ya el pliego para volverlo a instalar lo antes posible.

Mientras los afectados por las multas se plantean qué hacer con la documentación recabada al respecto en contra del foto-rojo, «si ir a los juzgados o a consumidores», como dice Rafael Villegas, uno de los denunciantes; el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, asegura que el dispositivo es «totalmente legal». «Desde el Ayuntamiento estamos muy tranquilos con todo el procedimiento».

Incluso indica el regidor que «hay otros vecinos de la misma calle que lo que demandan son más medidas de seguridad» y precisamente ha tenido una reciente reunión con el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, para tratar este tema. «Se ha propuesto tomar medidas desde Puente San Miguel hasta Vistalegre, como una rotonda en la zona de la farmacia de Puente San Miguel, pasos de peatones elevados y una nueva acera que llegue de un punto al otro», comenta.

La valoración sobre el año en el que ha funcionado el foto-rojo, para el alcalde, es «muy buena, puesto que en este año ha habido cero accidentes» y aunque reconoce que en este cruce «se siguen dando situaciones de riesgo», dicen que son «cada vez menos».

Esto es precisamente lo que les choca a los vecinos que «si se han puesto mil y pico multas porque la gente se ha saltado el semáforo, es curioso que no haya habido ningún accidente», como apunta Villegas, que recalca que los vecinos tienen «todos los trámites en marcha para ver qué va a pasar con los puntos y con el dinero que se recauda».

Este vecino calcula que el tráfico por esta carretera haya disminuido «un 40%», ya que «la gente se da la vuelta para no pasar por ahí, con la repercusión que conlleva para el comercio». En su caso, ha sido sancionado tres veces en el mismo lugar, con multas de 200 euros que se quedan en 100 por pronto pago y llevan aparejada la retirada de 4 puntos del carné.

Considerando la «alarmante cantidad» de expedientes sancionadores enviados a los conductores que rebasan el citado semáforo en fase roja, este grupo de vecinos envió una carta al director general de Fomento en Cantabria asegurando que «el semáforo ha sido manipulado intencionadamente, rebajando el tiempo de la fase ámbar fijo a tres segundos, tiempo insuficiente para poder parar el vehículo».

En esta línea, los vecinos aseguran que «el semáforo se ha programado de forma fraudulenta, no consigue la finalidad que se le presupone de evitar accidentes porque lejos de poder detener el vehículo estando el semáforo en ámbar fijo, provoca que sean muchos más los conductores que salen con el semáforo en rojo».