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«Lo hemos hecho mal. La hemos liado». Así de claro se mostró este lunes uno de los cuatro trabajadores del Ayuntamiento de Santillana del ... Mar acusado de cobrar y quedarse dinero del aparcamiento municipal, que reconoció los hechos y aceptó una pena de prisión de seis meses, mientras que los otros tres acordaron penas de dos meses y quince días (aunque en estos casos la cárcel será sustituida por una multa).
En la primera sesión del juicio con jurado que arrancó este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, otros dos acusados se mostraron disconformes con la acusación que recae sobre ellos y se enfrentan a nueve meses de cárcel, la mitad de lo que pedían el fiscal y el Ayuntamiento (acusación particular), según recogió Europa Press.
Ninguna de las acusaciones reclama indemnización, ya que tras descubrir el Ayuntamiento el presunto desfalco de 28.000 euros del aparcamiento durante la temporada estival, los sospechosos devolvieron los talonarios obtenidos de manera irregular (140), así como la recaudación correspondiente, y 8.000 euros más de forma conjunta, antes incluso de iniciarse la causa penal, en 2017.
Uno de los procesados es policía local y los otros cinco habían sido contratados como personal laboral fijo para diferentes oficios. En los meses estivales tenían encomendada –menos el agente y junto a un total de trece personas– el control de acceso a los aparcamientos municipales, así como cobrar a los usuarios y posteriormente ingresar en las cuentas bancarias del Consistorio la tasa de estacionamiento de vehículos. Contaban para ello con talonarios numerados entregados por la administración local, y los procesados firmaban la recogida y entrega de los mismos, con la obligación de devolver los que no fuesen utilizados.
Con el ánimo de «enriquecimiento propio», según la fiscal, en julio y hasta principios de agosto se apoderaron de talonarios que se encontraban depositados en las instalaciones del Ayuntamiento, los empleaban para cobrar a los usuarios del aparcamiento y se quedaban con parte de las cantidades que debían ingresar en las arcas municipales. El policía local, que trabaja en otro ayuntamiento, no tenía atribuida la función del cobro de la tasa, pero se apropió de varios talonarios (en dos ocasiones) para entregárselos a otro implicado y repartirse las cantidades obtenidas, extremo que según aseguró no llegó a producirse.
En su declaración ante el tribunal explicó que su 'compinche' le avisó de que en el Consistorio se habían percatado de lo que estaba sucediendo y les habían citado «uno a uno» a una reunión, tras lo cual ambos fueron «a casa del alcalde» y le «entregaron el dinero» en cuestión. Después, afirmó el agente, hubo un segundo encuentro, esta vez conjunto y al que también acudió él, en el que les informaron de que además de los talonarios y la recaudación habían detectado que «faltaban» otros 8.000 euros. Los seis implicados decidieron pagarlos «a escote», a razón de más de 1.300 euros por persona, «de nuestro bolsillo», para «salvar el puesto de trabajo» y a pesar de que él no había «cogido ni un duro».
Lo hizo porque sabía que «la había liado» y no podía «dejar el marrón» al otro «pobre» al que había implicado y que se encargaba de recaudar el dinero. Sobre el destino del montante, declaró que «podría decir que íbamos a hacer una donación a (las monjas) Clarisas, pero lo usaríamos para alguna fiesta».
Y de los 8.000 euros adicionales que el Ayuntamiento les manifestó que faltaban, dijo desconocer si se tiraron «al río», se emplearon para «hacer un regalo» o habido más gente implicada, «y menos honrada», que no reconoció lo sucedido.
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