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La ONG Spain Life Saving, con sede en Santander, ha presentado esta semana sendos escritos ante la Fiscalía en los que solicita que se abra una investigación por supuestas irregularidades en la contratación del servicio de socorrismo en las playas de Suances y Santa Cruz ... de Bezana desde el año 2014. A la par, avanza que se están preparando ya denuncias similares para los ayuntamientos de Laredo y Ribamontán al Mar. Según el colectivo, formado por «una treintena» de profesionales del sector, se sospecha que las adjudicaciones no se han ajustado a la ley de contratos del sector público, otorgándose tradicionalmente a Cruz Roja.
«Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades de los ayuntamientos de Suances y Bezana de los años 2014 a 2017, donde se entregó concursos directamente a Cruz Roja. Algo que también nos consta en más municipios de Cantabria», resumió Bernardo Suárez, presidente de este colectivo.
Según explican, a tres meses de comenzar la temporada de playas los ayuntamientos de la región están comenzando a preparar los nuevos pliegos y, en algunos de ellos, ya están detectando «incumplimientos en las prórrogas» en varios de estos procesos, como en el caso de Suances, donde aprecian supuestas ventajas para uno de los concursantes. «Aunque todas las empresas puedan cumplir las condiciones, Cruz Roja tiene la ventaja de que la titulación para utilizar la embarcación tipo C es menos exigente, además no entendemos que se valore más la experiencia de un coordinador que la de los socorristas ya que los rescates los harán estos», subrayan, por lo que avanzan que impugnarán el pliego.
A la par, también solicitan que los municipios cántabros asuman que sea obligatorio que se utilice las titulaciones oficiales de socorrismo, como ya se hace en Galicia y Cataluña, «no titulaciones de 80 horas», resumen. También velarán, desde este colectivo para que, en los pliegos, se recoja con claridad lo que tiene que cobrar el socorrista. «Como entidad vamos a vigilar no solo las playas sino también que se cumpla la ley», subrayaron.
En ese camino, han comenzado con las denuncias de los casos de Suances y Bezana. En el primero piden que se investiguen los ejercicios desde 2014 a 2017, puesto que aseguran que la propia secretaria municipal les reconoció que no había existido pliego hasta 2018, mientras que se había adjudicado anteriormente el mismo a una operadora por un contrato que alcanzaba los 130.000 euros, incumpliendo así la ley de contratación pública que pone el listón en 15.000 euros para sacar el concurso.
Por su parte, en Bezana, el colectivo denuncia que ellos mismos se personaron en el municipio, en marzo de 2018, «siendo alcalde Pablo Zuloaga», para ver «por qué no se hacía el concurso, y la secretaria nos dijo que ya había avisado al alcalde de esa irregularidad», resumen en el escrito con entrada de registro de ayer en la Fiscalía. En el mismo, puesto que los contratos exceden de 40.000 euros, piden que se investiguen las supuestas adjudicaciones directas de los años 2015, 2016 y 2017, ya que en el año 2018, a raíz de la consulta y una pregunta del grupo municipal de Ciudadanos en el Pleno «se inició concurso público», resumen.
La organización tiene sede en la calle Canalejas de Santander y se fundó a principios de 2018. Muchos de sus integrantes, incluido el presidente, son socorristas o instructores profesionales. En el caso de algunos de ellos fueron coordinadores o personal de salvamento en Suances durante el convulso servicio del pasado verano con la empresa Aunar, generándose un duro conflicto laboral que, muchos ya han ganado en los tribunales. En estos momentos ofrecen asesoramiento laboral a otros socorristas y personal de salvamento y ofrecen formación y cursos gratuitos de recuperación cardiopulmonar a entidades deportivas, asociaciones y colegios.
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