Dos empleados de Santillana dicen que no se gastaron «ni un euro» del aparcamiento

Los dos enjuiciados disconformes con la acusación -que se enfrentan a nueve meses de cárcel que pide para cada uno la fiscal- explicaron que nadie les informó ni formó sobre cómo tenían que desarrollar la tarea encomendada -era el cuarto verano que les encargaban el cobro del aparcamiento-, y sostuvieron al respecto que les «obligaban» a llevarse el dinero a casa.

También justificaron el que pagaran junto a los otros compañeros que se han sentado en el banquillo la cuantía adicional reclamada por el Consistorio -8.000 euros de talonarios que no aparecieron- porque les advirtieron de que si no lo hacían corrían el «riesgo» de perder su puesto. En consecuencia, ante ese «consejo» o «amenaza» y teniendo en cuenta el «miedo» a quedarse sin trabajo pusieron, al lado de la firma, «no conforme» con la cantidad que entregaban.

El interrogatorio a estos procesados comenzó con un empleado, fontanero de profesión y del comité de empresa en la actualidad, que reconoció que cogió talonarios -un paquete con 20- porque las personas encargadas de entregárselo no se encontraban en las dependencias municipales, y evitar estar «perdiendo mi tiempo libre» esperando, justificó. Continuó explicando que después de cobrar el aparcamiento tenía que llevarse la «calderilla a casa» para proceder allí al «recuento» del dinero. «Soy fontanero, pero me han metido la custodia de los caudales públicos en mi casa», denunció.

En su declaración, este procesado -que grabó en vídeo la quema de talonarios- indicó que prestó algunos de los que cogió al otro implicado que no está conforme con la acusación, porque se quedaba sin ellos antes del fin de semana. Este segundo procesado no devolvió cuantía alguna -al margen de la parte de 8.000 euros que le correspondía-, pues si no tenía «nada», entonces «¿qué iba a devolver?», se preguntó para finalizar.

En esta sesión concluyeron los interrogatorios a los acusados y se iniciaron las testificales, entre las que destacan la declaración del entonces alcalde, Isidoro Rábago, y que fuera primer edil y responsable de Personal, Ángel Rodríguez, actual regidor, que han negado las «coacciones» denunciadas.

Este último, aunque en un momento de su declaración manifestó que todos los procesados reconocieron los hechos en una reunión a la que fueron convocados, aclaró más tarde que uno de los dos disconformes con la imputación no le expresó que se fuera a «quedar con el dinero», sino que «por error» había «cogido» talonarios «no numerados» y que había «vendido» los tiques.

Sobre el descubrimiento de los hechos, indicó que se enteró de lo que podría estar pasando por «comentarios de la gente en los bares» del pueblo, acerca del «ritmo de vida» que estarían llevando algunos de los encargados de cobrar el aparcamiento.

Por su parte, Rábago, respecto al expediente disciplinario, dijo que se hizo de manera de «andar por casa», pero cuando vieron que había «más mandanga» y la cantidad supuestamente malversada «nos asustamos», y el informe acabó en Fiscalía y sentenció que «cuando uno no ha sido, no devuelve el dinero. A mí, aunque me maten. Yo, si no soy culpable de nada, no pongo nada».

Finalmente, el interventor señaló que él entendió como un reconocimiento de los hechos y de su «culpabilidad» el que los seis implicados colaboraran y devolvieran las cantidades reclamadas.