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La Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias abiertas por daños a la Colegiata de Santillana del Mar debido a las luces instaladas la pasada Navidad en este edificio religioso, que data del siglo XII y declarado monumento nacional de España. El asunto fue ... denunciado por el exconcejal de Santillana y actual coordinador de Vox en el municipio, Javier González ante Cultura el pasado enero. De momento se desconoce si la Dirección General de Patrimonio ha abierto expediente sancionador por estos hechos contra el Ayuntamiento de Santillana por no cumplir con lo que marca la ley en este tipo de edificios protegidos.
Según refleja Europa Press, el ministerio público ha acordado la decisión de archivar la investigación abierta tras tasar los desperfectos causados por el anclaje del alumbrado navideño y analizar el coste de la mano de obra necesaria para repararlos, al no superar entre ambas sumas el límite marcado en el Código Penal -400 euros- para continuar adelante con el procedimiento por la vía penal.
En enero de este año, Cultura abrió un expediente sobre la decoración en el templo -en concreto, por los anclajes del alumbrado navideño- y recabó información técnica de cara a adoptar una decisión que aún no ha trascendido.
Días después de denunciar estos hechos, el consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, reconoció públicamente que nadie había pedido el permiso preceptivo para hacer los agujeros en la fachada de este monumento. A la par, el propio Obispado de Santander, propietario del edificio, aseguraba que tampoco tenía conocimiento del asunto. Los adornos se habían instalado en las fachadas principales y sobre el artesonado del tejadillo de la Colegiata, utilizando para ello anclajes metálicos. La instalación la ejecutó una empresa privada contratada por el Ayuntamiento de Santillana.
Aunque Cultura evitó pronunciarse sobre si se tramitarían sanciones contra el Consistorio sobre estos hechos, sí que envió un escrito a los Ayuntamientos con Bienes de Interés Cultural para recordarles la normativa y para que soliciten los permisos pertinentes y así evitar «circunstancias como ésta», zanjó.
El asunto fue investigado por el Seprona y varios colectivos conservacionistas criticaron los hechos porque se incumplía claramente el artículo 53 de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria.
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