La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para el acusado de la muerte de 29 perros en Tagle

La Federación DEAN (Defensa Animal de Cantabria), que ejerce la acusación popular, solicita esa misma pena (unos 18 días por cada perro muerto), que es la máxima que recogía la ley que estaba en vigor en el momento de los hechos (el año pasado se endureció y ese delito se castiga ahora con hasta 24 meses de cárcel). Pero DEAN va más allá, puesto que, además de los 18 meses de cárcel, solicita el ingreso en prisión del acusado por la «alarma social» causada.

De su lado, la fiscal Fátima Polvorosa también solicita cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

En su escrito provisional de calificación, la representante del Ministerio Público relata que, desde junio de 2021 y hasta el 14 de enero de 2022, el acusado alquiló a un hombre -que estuvo imputado pero fue apartado de la causa y ahora es perjudicado- una nave en la localidad de Tagle, en la que se dedicaría al cuidado y crianza de perros de raza Setter Inglés, un total de 30, de los cuales 18 pertenecían al ahora perjudicado. En dicho lugar y durante los citados meses, «el acusado, voluntariamente, sin impedimento alguno y de manera injustificada, dejó de acudir a la nave, sin atender a los perros, sin darles agua ni comida ni sacarles de allí, de manera que 29 de los 30 canes fueron hallados muertos por los agentes de Seprona el 15 de enero de 2022 en el interior de las jaulas de dicha nave, en diferente estado de descomposición, sin ningún tipo de alimento o bebida a su alcance para su sustento mínimo adecuado».

Los 29 perros fallecidos fueron tasados en la cantidad de 18.975 euros, reclamando el perjudicado la indemnización de los 18 perros de su propiedad. El perro que sobrevivió fue rescatado por los agentes del Seprona y puesto a disposición del Centro Canino de Besaya, reclamando los gastos generados de su cuidado, que ascienden a 1.050,28 euros. La Dirección General de Ganadería, que se hizo cargo de los gastos de limpieza de cadáveres a través de la empresa Tragsatec, reclama por su parte la cantidad de 190,23 euros. La fiscal solicita al acusado estas tres cantidades en concepto de responsabilidad civil.

Durante toda la instrucción, la Federación DEAN ha mantenido que el ahora perjudicado también es responsable de la muerte de los 29 perros, basándose en que «la presencia de restos óseos y cadáveres de cánidos por la parcela datan de más de seis meses de antigüedad, antes de que el acusado se hiciera cargo de los animales». Sin embargo, tanto el juez instructor como la Audiencia rechazaron este argumento.