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A.V. / E.T.
Santander
Jueves, 17 de abril 2025, 07:39
Más allá del caso del contrato en el que intervino la alcaldesa y del que se vio beneficiada su hermana, hay otra serie de expedientes ... administrativos «sin ejecutar» que llevan a la Fiscalía a sostener que entre los años 2021 y 2024 los responsables municipales investigados «establecieron un sistema estable para un apoderamiento ilícito de fondos públicos de baja intensidad, un 'menudeo predatorio', concertado con la mercantil afín, Ingenia».
El sistema se concretó, según el fiscal, en el pacto previo entre el investigado Carlos Liaño Corona (Ingenia) y Ángel Rodríguez o Sara Izquierdo (según cada expediente), para la presentación de informes o proyectos al Ayuntamiento de Santillana del Mar. «Los investigados eran plenamente conocedores de la inviabilidad de los proyectos, de su imposible ejecución o de la similitud o coincidencia entre los mismos, a pesar de lo cual presentaban los proyectos que eran aprobados y pagados por los responsables municipales del Ayuntamiento».
Para llegar a esta conclusión, el fiscal se apoya en la declaración del actual concejal de Hacienda, Urbanismo, Personal y Seguridad de Santillana del Mar, Agustín García. En dicha comparecencia, se le preguntó al edil por una decena de obras por cuyos proyectos Ingenia facturó 100.000 euros.
Según aseguró el concejal de Hacienda, nueve de las diez obras no se han ejecutado. El aparcamiento en superficie Rolaceña, cuyo estudio está valorado en 17.968 euros, es uno de los no realizados «porque el PGOU lo prohibía, siendo imposible su realización». «Aun teniendo esta información, el alcalde siguió hacia adelante con la contratación de la redacción del proyecto».
En una situación similar está la construcción de las piscinas municipales en Camplengo, cuyo estudio está valorado en 18.059 euros. «No se pueden hacer porque los terrenos no son del Ayuntamiento».
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