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El titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de Torrelavega, Pablo Fernández de la Vega, ha decido continuar su investigación por un presunto delito de malos tratos a animales domésticos frente a Eduardo M. G. el 'cuidador' de la treintena de perros que aparecieron muertos por abandono en una nave de Tagle ... , en Suances, en enero de 2022; mientras que ha archivado la causa frente al propietario de los canes (H.C.P.), vecino de Torrelavega.
En un auto al que ha tenido acceso El Diario Montañés, el instructor concluye que existen indicios de que Eduardo M. G. (vecino de Piélagos), que estaba al cuidado de treinta perros de raza setter inglés, alojados en una nave industrial situada en Tagle, «dejó de proporcionarles bebida y alimentos, por lo que veintinueve de ellos murieron, quedando otro famélico y al borde la muerte, que fue evitada por la intervención que realizaron agentes de la Guardia Civil del Seprona el 15 de enero de 2022». Dieciocho de los perros muertos pertenecían al investigado que ahora ha sido absuelto.
La investigación comenzó en enero del pasado año, cuando la Guardia Civil recabó información sobre la posible existencia de una finca donde se podrían estar criando perros que, posteriormente, acababan abandonados y sin alimentar. Con suficiente información recabada, componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se trasladaron hasta la nave y se encontraron con las puertas cerradas a cal y canto. Los agentes, que no escuchaban ladridos o ruidos que hicieran pensar que dentro había animales, inspeccionaron el perímetro de la finca, localizando dentro de la misma parcela un agujero con restos de, al menos, un perro en avanzado estado de descomposición.
Después, localizaron una ventana abierta desde la que se podía ver el interior del local. La escena era dantesca. La nave estaba dividida en perreras con numerosos animales aparentemente muertos, salvo uno que se movía. Tras intentar localizar, sin éxito, a los responsables de la instalación y dando aviso a una veterinaria del Gobierno de Cantabria, los agentes del Seprona se vieron obligados a forzar una de las puertas de acceso, al entender que corría grave peligro la vida del perro que aún estaba vivo. El animal que pasó a disposición judicial en ese momento fue atendido y cuidado en el Centro Canino Besaya. Durante la inspección realizada por los agentes en el interior de la nave, el recuento de perros muertos ascendió hasta 18. ¿Las causas? Según la Guardia Civil, «muy posiblemente por falta de alimentos y abandono». A lo largo y ancho de la propiedad, los agentes encontraron dentro de bolsas o semienterrados más restos de perros, pudiendo haber hasta 11 cadáveres, si bien no se pudo concretar la cantidad por el avanzado estado de descomposición. Tras varias indagaciones, los agentes detuvieron al dueño de los perros y al cuidador.
Ahora, la decisión del juez de absolver al propietario de los canes se ha topado con un recurso de la acusación particular, que ejerce la Federación Dean (Defensa Animal de Cantabria), al considerar que «resultan sobrados indicios para considerar la participación de H.C.P. como coautor o al menos cooperador necesario del delito investigado».
En su recurso -al que se ha opuesto la Fiscalía porque no hay ningún estudio que determine que los perros murieron cuando estaban a cargo de su propietario- la acusación particular apunta que los perros hallados muertos, así como la perra superviviente, «eran todos propiedad» del hombre absuelto. «H.C.P. aparece como propietario de hasta 57 perros en el registro de animales de compañía de Cantabria. Sin embargo, varios de los chips encontrados en el lugar de los hechos no se identifican. Es decir, se implantaban a los animales sin dar parte alguno». Además, Dean señala que se encontraron restos óseos y cadáveres de cánidos que «datan de más de seis meses de antigüedad, con lo que si el propietario no había convenido aún con Eduardo que se hiciera cargo de los animales, es evidente que este último no era el único responsable de lo que venía ocurriendo en ese campo de exterminio».
La acusación particular sostiene que la única prueba exculpatoria de la que dispone el propietario es la «autoinculpación» de Eduardo, «que se limita a decir que desde que se produjo el acuerdo, el propietario no volvió a la nave. Y además dice que él estuvo fuera un par de semanas, lo que evidencia que falta a la verdad pues en la nave se encontró a una perra aún viva, lo que acredita que alguien acudía a la nave porque si no, esa perra no hubiera podido sobrevivir a 15 días sin agua». Además, Dean cree que si el propietario nada tuvo que ver con el asunto, habría dirigido acciones frente Eduardo por un delito de daños.
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