El juez del 'caso Santillana' investiga si hay mordidas en la gestión del aparcamiento

Aunque el secreto de sumario se ha vuelto a prorrogar otro mes más, El Diario Montañés ha tenido conocimiento de que hace unos días la Guardia Civil realizó una entrada y registro en la sede de Iberpark, la empresa que gestiona el aparcamiento de Santillana, unas 400 plazas. En esa actuación, que se produjo a plena luz del día, los agentes requisaron todos los dispositivos informáticos de la empresa. En concreto, un ordenador y varias PDAs.

El objetivo no es otro que volcar toda la información almacenada en esos dispositivos para determinar si hay un «desfase» entre el número de vehículos que han aparcado, es decir, los usuarios, y la recaudación que correspondería en función de las tarifas existentes, ya que de haberlo, estaríamos ante un delito de malversación de fondos públicos. Pero de momento, fuentes cercanas a la investigación apuntan que hay que esperar al análisis de esa información para confirmar los indicios de los investigadores.

Para entender esta nueva línea de investigación que ha surgido cuatro meses después de que estallara el 'caso Santillana' con la detención de cinco personas –entre ellas, la alcaldesa y su antecesor en el cargo– es importante explicar cómo se han gestionado los aparcamientos en esta localidad en los últimos años (en la actualidad el plazo de cobro se realiza entre los meses de marzo y octubre).

En sus orígenes, eran empleados municipales y policías locales los que se encargaban de cobrar por aparcar a través de tiques. Hasta el año 2016, cuando el Ayuntamiento detectó un desfalco de 28.000 euros por el que fueron condenados cuatro de los que se encargaban de la recaudación.

A partir de ese año, el Consistorio, presidido por el alcalde Isidoro Rábago (PSOE), decidió cambiar el sistema de cobro y realizar contratos menores con la empresa Iberpark. La entidad pagaba un canon por esa explotación al Ayuntamiento y, a cambio, se quedaba con los ingresos de los aparcamientos.

En el año 2022, con Ángel Rodríguez como alcalde, se acabó el contrato vigente y se hizo otro contrato menor por unos meses, que se encadenó a otro un tiempo más hasta que ya no había posibilidad de mantenerlo en el tiempo. «En el año 2022, tenía que haberlo sacado a concurso», detallan fuentes municipales a este periódico.

Finaliza la última prórroga, el servicio se siguió prestando «en precario», según estas mismas fuentes. Hasta el 15 de marzo de 2024. Ese día, las máquinas de cobro, ubicadas en la Plaza del Rey y en el aparcamiento de la Oficina de Turismo, entre otros puntos del casco histórico, llegaron a emitir tiques durante una hora. Hasta que la entonces teniente de alcalde, la regionalista Sara Izquierdo, ordenó a los operarios de la empresa Iberpark que precintaran las máquinas de cobro. La concejala del PRC basó su decisión en un informe de Intervención que apuntaba a «irregularidades en los contratos y fraude financiero». «No había control financiero ni se sabía lo que se ganaba con el aparcamiento».

Este asunto fue meses después uno de los que llevó a Sara Izquierdo a presentar la moción de censura (junto al PP y AVI) contra el que había sido su socio durante un año de legislatura.

Con el cambio de gobierno, el pasado junio, la actual Corporación municipal sacó a concurso el servicio y la misma empresa que lo había gestionado desde 2016 salió adjudicataria al presentar la oferta más ventajosa de todas. Se le adjudicó el servicio por 178.000 euros durante dos años y comenzó a prestarlo el 1 de julio, pero con un modelo diferente: ahora la recaudación va íntegra para el Ayuntamiento.

Lo que investiga el magistrado Fernández de la Vega es sistema de cobro anterior al actual.

El director general de Iberpark, José Luis Pérez, quiso aclarar ayer a este periódico que «el dinero que se recauda está fiscalizado hasta el último céntimo». «En los dispositivos que se ha llevado la Guardia Civil no hay nada. Para acceder al sistema de los parquímetros se necesitan unas claves que tiene el Ayuntamiento».

Pérez descarta que alguien se haya quedado dinero de la recaudación. «Todo ese dinero está fiscalizado, no hay nada que se pueda llevar. Además hay una trazabilidad de años de todo que se puede ver. Nadie se ha llevado nada. Aquí nadie toca el dinero. Se echa a la máquina y se registra el pago», insiste. «Si cualquier persona del juzgado se pone en contacto con nosotros, les explicaremos la trazabilidad del dinero», afirma el director general de Iberpark.