El juez del 'caso Santillana' levanta el secreto de sumario y tomará declaración a los investigados

Tras cinco prórrogas del secreto de sumario, todos los investigados tendrán acceso ahora a los autos y conocerán los hechos que se les imputa. Después, como suele ser habitual en estos procedimientos, el instructor les citará para declarar, momento en el que podrán dar todo tipo de explicaciones y su versión de los hechos.

El primero de los tres asuntos judicializados afecta a la actual alcaldesa de Santillana, Sara Izquierdo (PRC), a la que denunció su antecesor en el cargo, Ángel Rodríguez, por «adjudicar», desde su cargo de concejala de Turismo (en ese momento gobernaba en coalición con él), un contrato a una empresa que después subcontrató a su hermana. Ese trabajo fue adjudicado a la empresa Ingenia Oficina de Ingeniería y Arquitectura SL, que presentó la oferta más económica de las tres aportadas por la edil, con un coste total de 17.968 euros, tras una resolución de la Alcaldía del 8 de agosto de 2023. De esa cantidad, la hermana de la alcaldesa facturó 7.500 euros.

La segunda línea de investigación tiene que ver con la gestión del aparcamiento de Santillana. El pasado noviembre, la Guardia Civil realizó una entrada y registro en la sede de Iberpark, la empresa que gestiona el servicio (unas 400 plazas), en la que se requisaron todos los dispositivos informáticos de la empresa. En concreto, un ordenador y varias PDA.

Desde entonces, los investigadores han intentado determinar si hay un «desfase» entre el número de vehículos que han aparcado, es decir, los usuarios, y la recaudación que correspondería en función de las tarifas existentes, ya que de haberlo, estaríamos ante un delito de malversación de fondos públicos. Sin embargo, no han podido concretar, por el momento, si existe ese desfase puesto que «nos mandaron borrar las tarjetas de memoria de los doce parquímetros», según ha declarado un empleado. El objetivo sería «una supuesta actualización del software de los aparatos».

La tercera arista del caso tiene que ver con un presunto delito de malversación de fondos públicos por una serie de «irregularidades» en la gestión de las subvenciones que ha concedido el Ayuntamiento al Club Deportivo Elemental Santillana en los últimos siete años (2017-2024). Por este asunto están investigados el exalcalde Rodríguez y el edil de Deportes, Rafael Oceja. La Guardia Civil ha detectado 107.000 euros en subvenciones sin justificar.

De su lado, el caso del borrado masivo de datos, en el que está investigada la edil Paula Pérez (PSOE), lo está instruyendo el Juzgado Nº7 de Torrelavega.