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La titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander, Susana Bello, será la encargada de juzgar el próximo 2 de junio, a partir de las 09.00 horas, a Eduardo Mirones (en prisión provisional por el atropello de la S-20 que acabó con la vida de una mujer) por la muerte de 29 perros que fueron hallados en Tagle (Suances) en enero de 2022, causa por la que se enfrenta a una petición de pena de 18 meses de cárcel por un supuesto delito continuado de maltrato animal.
El pasado 16 de enero, el juez encargado de la instrucción del caso emitió el auto de apertura de juicio oral en el señalaba que la Fiscalía solicita los 18 meses de prisión, que es la máxima que recogía la ley que estaba en vigor en el momento de los hechos. Además, reclama cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el acusado indemnice al propietario de 18 de los 29 perros, que estuvo investigado en la causa pero después fue apartado, la cantidad de 12.000 euros; al Centro Canino del Besaya, con 1.050, y a la Dirección General de Ganadería, que se hizo cargo de los gastos de limpieza de cadáveres a través de la empresa Tragsatec, con 190 euros. Por su parte, la Federación DEAN (Defensa Animal de Cantabria), que ejerce la acusación popular, solicita también 18 meses de cárcel (unos 18 días por cada perro muerto), además de 3.323 euros en concepto de responsabilidad civil. Igualmente está personado en el procedimiento el Gobierno de Cantabria, que reclama también la pena máxima posible y los 190 euros por los gastos de limpieza de los cadáveres.
En su escrito provisional de calificación, la fiscal relata que, desde junio de 2021 y hasta el 14 de enero de 2022, el acusado alquiló al propietario de 18 de los 30 perros una nave en la localidad de Tagle, en la que se dedicaría al cuidado y crianza de perros de raza Setter Inglés. En dicho lugar y durante los citados meses, «el acusado, voluntariamente, sin impedimento alguno y de manera injustificada», dejó de acudir a la nave, sin atender a los perros, sin darles agua ni comida ni sacarles de allí, de manera que 29 de los 30 canes fueron hallados muertos por los agentes del Seprona el 15 de enero de 2022.
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