La justicia ordena la demolición de parte de las naves de Talleres Robledo

Un enfrentamiento que también ha sido personal, entre el extrabajador y el responsable de Talleres Robledo, Luis Fernando Robledo. Hasta tal punto que este último acusó al primero de un presunto delito de extorsión, un proceso que ha culminado este año con una sentencia del Juzgado de lo Penal número tres de Santander que absuelve en todos los términos a Alonso. En la sentencia se habla de «versiones contradictorias y enfrentadas entre las partes», sin que «concurra prueba bastante de cargo de la comisión de los delitos imputados de extorsión y amenazas».

Además de las recientes decisiones judiciales, el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna también ha hecho público un escrito en el que deniega a Talleres Robledo la licencia de ampliación de la actividad como taller de reparación de vehículos que había solicitado en 2017 al entender que «no puede ser objeto de legalización ninguna actividad que vaya a ejercitarse sobre una parcela afectada por una orden firme de demolición, independientemente de si dicha actividad se ajusta o no a la legalidad».

A preguntas de la concejala de IU, Elsa Salas, la alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González, ha reconocido que los técnicos ya preparan el acatamiento inmediato de la sentencia del TSJC, que viene a reconocer varias resoluciones anteriores mediante las cuales se declaró que la empresa no disponía de todas las licencias necesarias para llevar a cabo la actividad, así como que las obras realizadas para la construcción de los módulos F3, F4, F5 y F6 resultaban ilegalizables.

La última fase judicial parte de un auto dictado el 29 de septiembre de 2017 que admitía que el Ayuntamiento de Los Corrales sí había tomado decisiones y dado pasos para acatar el cumplimiento de la resolución de suspensión de actividad y demolición de parte de las instalaciones de Talleres Robledo, algo que ahora el TSJC ha rechazado en la sentencia que resuelve la apelación contra ese auto, llegando a hablar de que la actuación del Ayuntamiento «podría ser descrita de desobediencia disimulada», lo cual, añade, «es intolerable a los efectos de proteger el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».