El Juzgado prorroga un mes el secreto de sumario en el 'caso Santillana'

Los agentes están estudiando al detalle cada uno de los documentos incautados al objeto de determinar si hay más indicios que corroboren los supuestos delitos que ha puesto sobre la mesa el fiscal (fraude en la contratación, prevaricación, malversación de fondos públicos y daños informáticos) o bien surgen más ilícitos penales.

A la espera de que toda esa labor concluya y se concreten o no los indicios existentes, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrelavega, que dirige el magistrado Pablo Fernández de la Vega, acordó hace unas semanas prorrogar un mes el secreto de sumario de las actuaciones. Con esta decisión, lo que persigue el Juzgado es proteger la investigación, evitar la fuga de información y garantizar la eficacia de las diligencias.

Según han apuntado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la causa, en caso de que se confirmen los supuestos delitos que ya ha detectado la Fiscalía, el instructor ya estaría en disposición de citar a declarar a todos los investigados.

Cabe recordar que, por el momento, son cinco las personas que están implicadas en este caso y que fueron detenidos y puestos en libertad el pasado mes de agosto. Se trata de la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo (PRC), su hermana Stela Izquierdo (responsable de la empresa Sertuplan), el exalcalde de Santillana Ángel Rodríguez (PSOE), la concejala Paula Pérez (PSOE) y el empresario Carlos Liaño Cuadrado (Ingenia).

Esta investigación nace a raíz de la denuncia que interpuso el exalcalde socialista Ángel Rodríguez frente a la actual regidora el pasado 6 de junio, el mismo día en el que Izquierdo le arrebató el bastón de mando de la Alcaldía mediante una moción de censura suscrita con el PP y AVI. En ella, Rodríguez denunciaba a la alcaldesa regionalista por adjudicar, desde su cargo de concejala de Turismo (en ese momento gobernaba en coalición con el ahora exalcalde), un contrato a una empresa que después subcontrató a su hermana.

Ese trabajo fue adjudicado a la empresa Ingenia Oficina de Ingeniería y Arquitectura SL, que presentó la oferta más económica de las tres aportadas por la edil, con un coste total de 17.968 euros, tras una resolución de la Alcaldía del 8 de agosto de 2023. De esa cantidad, la hermana de la ahora alcaldesa facturó 7.500 euros.

El otro asunto que motivó la detención del exalcalde y su compañera socialista tiene que ver con la denuncia que presentó Izquierdo, tras el cambio de gobierno, por un «borrado masivo» de documentos municipales, una acción que llevó a cabo la citada concejala del PSOE –Paula Pérez– y por la que pidió perdón cuando se descubrió que habían desaparecido más de 15.000 archivos informáticos, aunque había una copia.