Miengo pide al Gobierno de Cantabria que se haga con los terrenos para salvar La Pozona

«Volvemos a la casilla de salida y espero que esta vez sea de verdad y no sea sólo para hacerse la foto», añadía el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Miengo, Marino García, antes de levantar la mano para aceptar la propuesta consensuada por todos los grupos municipales de instar al Parlamento y al Gobierno de Cantabria a iniciar ya los trámites para legalizar la instalación con la solicitud al Estado de la adscripción de los terrenos que ocupa y, también, para pedir al consejero de Obras Públicas que reconozca «la urgencia o excepcionalidad por el interés público» del proyecto de legalización del mencionado puerto.

La sesión plenaria contó con la presencia de representantes de la Asociación La Pozona, que son los que han recibido la orden de desahucio por segunda vez en poco más de un año, aunque llevan arrastrando este asunto desde 2003, cuando les llegaron las primeras multas de Costas por ocupación irregular de ese espacio, y no fueron pequeñas ya que algunas superaban los 1.000 euros. Tras muchos años de lucha y promesas políticas de que se iba a arreglar el asunto, ahora ya, con el agua al cuello, solo les queda la vía de presentar un último recurso ante la Audiencia Nacional pera evitar que ese enclave, con más de 350 años de historia como refugio marinero, desaparezca del mapa. La otra vía es la que aportaba el propio Ministerio de Transición Ecológica que dejaba la puerta abierta a que la comunidad autónoma se hiciese con los terrenos ya que -de acuerdo con el vigente Plan de Puertos cántabro- el enclave de Cuchía «no tiene esa titularidad». En la misma resolución, el Estado apuntaba a la posible solución que ahora se demanda y es que Cantabria solicite la adscripción de bienes para la ocupación de esos más de 9.000 metros cuadrados «con destino a la construcción de puertos y vías de transporte de su titularidad», zanjaban.

El PP regional anunciaba este miércoles la presentación de una Proposición no de Ley para su debate en el Parlamento Regional que va en la misma sintonía que la del Ayuntamiento de Miengo. En primer lugar, solicitar al Ministerio la adscripción de los 9.324 metros cuadrados de terrenos de La Pozona con el fin de disponer de un puerto refugio de embarcaciones náutico-deportivas, junto a la redacción del proyecto necesario para su legalización. Plantea también reconocer la urgencia por el interés público del proyecto y que éste sea incluido en la planificación portuaria de la Consejería de Obras Públicas. A la par, sus diputados nacionales Elena Castillo y Diego Movellán han presentado una iniciativa similar en el Congreso en la que instan al Estado a entablar negociaciones con el Gobierno de Cantabria para la adscripción de los terrenos.